Los defensores del Pueblo bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) respaldaron el pedido de la empresaria Natalia Denegri en su demanda contra Google para que desvincule el contenido que la relaciona con eventos mediáticos en torno a una causa penal en los años 90, mientras organizaciones como el CELS destacaron el valor de la libertad de expresión y que las restricciones «deben ser excepcionales».
El debate se escuchó en la primera audiencia pública que la Corte Suprema de Justicia celebró como paso previo a resolver en la causa en la que Denegri demandó al buscador para que desindexe los contenidos que la relacionan con el caso que hace 25 años involucró al exrepresentante de Diego Maradona, Guillermo Cóppola.
El expediente sobre el llamado “Derecho al olvido” llegó al máximo tribunal luego de que el gigante tecnológico apelara los fallos de las instancias anteriores que aceptaron parcialmente la pretensión de Denegri, quien estuvo presa por el denominado “Caso Coppola”.
En la audiencia pública, a primera en exponer -con un tiempo de ocho minutos al igual que el resto de los “amigos del tribunal”- fue la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, quien reclamó que “se garantice el derecho a la rectificación” y “cuando corresponda, la supresión” del contenido no consentido.
Muiños, quien se expresó “en representación y defensa de los vecinos y vecinas” de la Ciudad de Buenos Aires, recomendó que el «Derecho al Olvido» pase a llamarse «Derecho de Supresión de Datos Personales» y propuso que “se incorpore la perspectiva de género como uno de los elementos constitutivos” de su ejercicio.
Su par en la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, pidió que se pusieran “límites al totalitarismo digital”, porque mientras “Natalia soporta el descrédito, Google se lleva las ganancias” y comparó este caso con el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien también promovió una demanda contra el motor de búsqueda por menciones difamatorias hacia su persona.
A su turno, Carlos Laplacet, de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentina (Adepa), destacó el “derecho a la memoria” y que no se debe limitar el acceso a datos de “interés público” porque el daño sería mayor, y los representantes de la Asociación por los Derechos Civil (ADC),recalcaron que la información “es verdadera”.
En tanto, Diego Morán del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresó que la libertad de expresión es “piedra angular” y, por lo tanto, las restricciones “deben ser excepcionales”.
