El juez de Familia de Rawson (Chubut), Martín Alesi, dictó varias medidas para vencer la resistencia de un deudor alimentario a la hora de cumplir con sus obligaciones respecto de sus dos hijas adolescentes.
El magistrado dispuso la clausura del fondo de comercio del cual es titular el accionado, pese al ardid que desplegó junto a su pareja actual para que ésta apareciera como la dueña.
También ordenó el secuestro del celular del padre moroso y la suspensión del ejercicio de la portabilidad numérica, a los fines de forzarlo a abonar las cuotas debidas y terminar con la violencia económica que desplegó en contra de su ex esposa y de sus hijas.
“Ante la verificada ineficacia de las legítimas amenazas de daño contenidas en las intimaciones previas cursadas al deudor alimentario para obtener el pago de la prestación, el Poder Judicial tiene la fuerza necesaria para reaccionar enérgicamente con una grave restricción a sus derechos constitucionales -en el caso a comerciar y trabajar- clausurando su comercio y secuestrando su teléfono”, enfatizó el titular del Juzgado de Familia Número 3 de la provincia de Chubut.
En esa línea, sostuvo que el objetivo que persigue con su fallo es que “opere como incentivo suficiente” para lograr finalmente la conducta que se le exige al demandando, motivando indirectamente el hábito de la obediencia; especialmente teniendo en cuenta que se trata de restablecer el efectivo goce del derecho de las tres mujeres involucradas a una vida libre de violencia.
“La falta de pago de la cuota alimentaria también afecta directa e intensamente a la madre, quien sufre la recarga económica que implica cubrir las necesidades materiales de ambas hijas ante el aporte omitido dolosamente por el progenitor, con la consiguiente limitación injustificada de sus propios recursos económicos”, destacó el sentenciante.
“El incumplimiento de las sentencias es fuente de carencia de legitimidad de todo el Poder Judicial, por lo que ningún juez debe desentenderse de sus órdenes”, subrayó Alesi.
