Se pueden embargar sueldos sin probar que no existen otros bienes para hacerlo

El Alto Cuerpo interpretó la normativa invocada por la demandada. Concluyó que sólo se aplica para no afectar el desenvolvimiento de las empresas

En uso de su función interpretativa de las normas, en este caso una norma procesal, y atento a la existencia de jurisprudencia contradictoria sobre la materia, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) hizo lugar al recurso de casación presentado por CISE SRL, al admitirse el embargo preventivo sobre el sueldo del demandado, sin necesidad de demostrar la existencia de otros bienes pudiesen cautelarse, ya que esa condición sólo se aplica cuando los fondos embargados puedan afectar el desenvolvimiento normal de una empresa y no el salario de un trabajador, cuyo embargo está permitido y regulado por ley.

En el pleito la firma promovió demanda abreviada por el cobro de $19.400, en los términos del artículo 466 del Código Procesal Civil y Comercial (CPCC) sobre sueldos y demás remuneraciones económicas percibidas por el demandado, a cuyo fin ofreció y ratificó fianza.

En primera instancia se rechazó la medida, por considerar que no se encontraba acreditada “la falta de otra medida cautelar eficaz o de bienes susceptibles de embargo, o que sean complemento de las ya dispuestas”, providencia apeló y en cámara, por mayoría, se confirmó lo decidido por el juez de grado, abriéndose la opción casatoria, por invocación de la causal del inciso 3° del referido artículo CPCC.

Limitación

El TSJ -integrado por María Marta Cáceres, Domingo Sesin y Luis Angulo- indicó que el artículo 476 CPCC se incorporó como limitación -tanto para la intervención de caja como para el embargo de sumas de dinero-, que sea solicitada por el acreedor, y que se efectúe “a falta de otra medida cautelar eficaz o de bienes susceptibles de embargo” (se entiende que alude a bienes diversos al dinero)-.

El Alto Cuerpo advirtió que esta limitación opera, como el propio dispositivo lo establece, cuando se trate de medidas que recaigan “sobre bienes productores de rentas o frutos”, remarcando que, los salarios no integran esa categoría.

En consecuencia, se sostuvo que, de conformidad al texto literal de la fórmula del artículo 476, modificado, CPCC, la limitación allí establecida aparece ceñida a las medidas que recaigan sobre sumas de dinero o bienes, productores de rentas o frutos.

Por tal motivo, se derivó que los salarios a embargar, no podrían subsumirse en la norma referenciada, pues no revisten tal carácter.

En ese orden de ideas, el TSJ concluyó que, la norma aludida no es de aplicación para el supuesto del caso bajo análisis, por cuanto en su dictado tuvo por finalidad evitar que se afecte directamente el desarrollo habitual de la actividad de una empresa comercial o de servicios; es decir, que se ponga en riesgo su giro comercial habitual.

Situación

Sobre el particular se aclaró que “la norma mira o atiende a la situación de las empresas o establecimientos comerciales, situación que dista de aquella que presenta la particular remuneración de un trabajador concreto, como en el caso de autos”.

En consecuencia, el Alto Cuerpo definió que la limitación de la norma contenida en el artículo 476 CPCC, en cuanto dispone que el embargo dinerario procede “ante la falta de otra medida cautelar eficaz o de bienes susceptibles de embargo o como complemento de la medida ya dispuesta”, no resulta aplicable a los embargos preventivos (no ejecutorios ni ejecutivos) sobre remuneraciones de un trabajador demandado en un juicio declarativo abreviado, como en el caso de autos, situación que debe regirse por los artículo 466 y subsiguientes (embargo preventivo), atendiendo a las limitaciones legales en torno al objeto y a la proporción de la medida para establecer los montos embargables del empleado remunerado.

Ordenamiento

Además, la decisión destacó: “Nuestro ordenamiento civil en cuanto a que el patrimonio del deudor es garantía común de los acreedores” y, asimismo, se hizo expresa referencia a las limitaciones en relación al objeto de la medida establecido en dicho cuerpo normativo, como así también en las leyes especiales y a la proporcionalidad que establece la normativa laboral cuando se trata del embargo de remuneraciones de trabajadores.

Por lo expuesto, en el fallo se resolvió hacer lugar al recurso de casación interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada en todo cuanto decide y reenviar la causa a la cámara que sigue en nominación a la de origen para un nuevo juzgamiento de la cuestión, con ajuste a la doctrina sentada en el presente decisorio.