ESCUCHAREl último dictador, Reynaldo Benito Antonio Bignone, comenzó a ser juzgado ayer junto a otros cinco generales y un comisario de la policía bonaerense, acusado de 58 secuestros, desapariciones y tormentos cometidos hace tres décadas en la guarnición de Campo de Mayo, uno de los tres mayores centros clandestinos de detención del país.
Centenares de familiares levantaron las fotos de las víctimas apenas los imputados ingresaron en fila a la sala de audiencias, donde se destacaba la presencia del ministro de Justicia nacional, Julio Alak, y miembros de organismos de derechos humanos y representantes de la organización Hijos.
“Se trata de uno de los juicios más esperados por la comunidad y por los organismos de derechos humanos, por la magnitud de los crímenes cometidos”, dijo Alak, quien se declaró interesado “personalmente” por haber patrocinado denuncias de enterramientos clandestinos en Boulogne.
A último momento fue excluido del juzgamiento el ex jefe de la escuela de ingenieros, Eduardo Alfredo Espósito, a quien el tribunal declaró “sin las facultades mentales plenas”, aunque recomendó rehacer las pericias en seis meses.
