Será coordinada por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y otorgada por cada entidad profesional provincial. El organismo que nuclea a los letrados de la Capital Federal denuncia “la privatización” del registro nacional. El proyecto tiene media sanción de Diputados y se analizará hoy en las comisiones de justicia y asuntos penales y de presupuesto
El plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación tratará hoy el proyecto de ley que exige para el ejercicio de la profesión de abogado ante la Justicia Federal y Corte Suprema de Justicia de la Nación la inscripción en una “matrícula federal” que otorgarán los colegios profesionales respectivos y que estará bajo la “coordinación” de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).
La iniciativa comenzará a ser discutida ocho meses después de la media sanción en Diputados.
Cuando se discutió el proyecto en diputados, la FACA, que engloba a 81 colegios profesionales de todo el país y es hoy comandada por el santafesino Eduardo Massot, defendió la iniciativa por entender que regula la matrícula «con carácter general e igualitario para todos los abogados del país, no crea obstáculos para el acceso a la justicia, ni implica más burocracia, ni más trabas ni regulaciones; menos aún establece un superpoder para regular el ejercicio federal”.
Entre las tareas que le competen a la FACA, por ejemplo, estarán las de llevar el “registro centralizado de las inscripciones en la matrícula federal” así como el de la firma digital “y emitirá certificados digitales a favor de los abogados de la matricula federal a través de la autoridad competente”.
La iniciativa es resistida por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, cuyo presidente, Jorge Rizzo, advierte que crecerá exponencialmente el “poder de policía” de la FACA, tanto en el ámbito de control como en el manejo de la “caja” que significará el financiamiento de la matrícula. En rigor, el colegio de Abogados de Capital Federal es el único que se opone a los cambios planteados.
En diálogo con Comercio y Justicia, el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Héctor Echegaray, aseguró que los cuestionamientos de Rizzo están vinculados con que se terminarán los privilegios que le permitieron a este colegio ser el único del país habilitado para otorgar las matrículas federales a los abogados.
“La ley 23187 fue una ley discriminatoria, antifederal, discrecional y de privilegio y es una arbitrariedad que se mantenga lo allí planteado”, remarcó el titular de los abogados de Córdoba.
La iniciativa fija, a su vez, que de los ingresos de la matrícula se destinará 80% al colegio profesional que otorga la matrícula y 20% a FACA por su trabajo de coordinación.
Echegaray recordó que la entidad que preside fue una de las que impugnó el porcentaje de ese aporte, que en un primer momento se había fijado en partes iguales entre el colegio que emite la matrícula y la FACA.
De aprobarse el proyecto, los colegios profesionales del interior verán incrementados sus ingresos porque se prevé que los abogados deberán abonar una contribución fija cuando inicien un proceso judicial, que luego se destinará a los colegios de abogados y a la FACA.
