ESCUCHARLuego del dictado de un fallo que intimó al Congreso Nacional a avanzar en la materia, el año pasado la comisión dictó su reglamento, se hicieron audiencias públicas y se establecieron las pautas para el concurso
A más de 12 años de la sanción de la ley que dispuso su creación y luego de varios avances, se constituyó otra vez la Comisión Bicameral encargada de designar al defensor del Niño. La presidirá la senadora Norma Durango. En tanto, la vicepresidencia quedó para la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical). En julio de 2017, la Bicameral aprobó su reglamento interno y sus integrantes acordaron realizar audiencias públicas con distintas asociaciones para que en septiembre comenzara el concurso para los aspirantes a ocupar el cargo.
Amparo
El cuerpo tomó nota del fallo que había dictado meses antes la jueza en lo Contencioso-administrativo Claudia Rodríguez Vidal, quien admitió el amparo presentado por fundaciones y asociaciones civiles y exhortó las dos cámaras del Congreso a poner en marcha el proceso de designación del funcionario.Cabe recordar que la normativa establecía un plazo de 90 días para la tarea, que venció el 1 de febrero de 2006.Cuando contestaron la demanda, las accionadas alegaron que el planteo era extemporáneo y que “numerosos organismos estatales y organizaciones internacionales” se ocupan de la defensa de los derechos e intereses de los niños.También señalaron que el Poder Judicial de la Nación cuenta “con una eficiente y reconocida oficina” que se dedica exclusivamente a la atención de cuestiones vinculadas con la violencia doméstica y la asistencia familiar, cuya intervención es anónima y gratuita, y que, en definitiva, la designación del defensor era “una cuestión sustancialmente política” que sólo podía resolverse por medio de los mecanismos parlamentarios. La magistrada desestimó esas razones y valoró que en el caso se daban todos los requisitos para la admisión del amparo colectivo, en tanto había “un hecho único, susceptible de ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos”. Aseguró la magistrada: “El incumplimiento del precepto normativo configura una omisión que lesiona el sistema de protección integral diseñado en la ley 26061, con la consiguiente afectación de derechos”, y aclaró que la existencia de otras instituciones no rebatía ese argumento. ”No se acreditó la existencia de una cuestión política no justiciable”, estableció.
Como era previsible, la campaña electoral retrasó la tarea, pero se estimaba que el defensor sería designado antes de fin de año, lo que no sucedió.
No obstante, en septiembre hubo un avance concreto, cuando se hizo la primera audiencia pública para decidir el mecanismo de llamado a concurso y selección del funcionario, y en octubre se abrió la inscripción, que finalizó en noviembre.
Actualmente, según precisó Carrizo, hay 68 candidatos al cargo.
La figura fue creada en 2005 por la ley 26061, para controlar los poderes del Estado y descubrir decisiones perjudiciales a los intereses de los menores. Aunque la norma establecía 90 días como plazo para la designación del funcionario, el cargo está vacante desde entonces.
