El juez Ricardo Bustos Fierro pidió la intervención del gremio y los embargó por la suma de $20 millones. Para el magistrado existe riesgo procesal
La Justicia federal de Córdoba procesó con prisión preventiva a los sindicalistas Mauricio Saillén y Pascual Catrambone. Ambos están acusados de haber estafado a los afiliados del gremio de recolectores y barrenderos Surrbac, mediante diferentes maniobras que habrían realizado en el sindicato, la mutual Amsurrbac y la obra social Osurrbac.
El juez federal Ricardo Bustos Fierro les fijó además sendos embargos por 20 millones de pesos, y solicitó al Gobierno nacional que proceda a intervenir el sindicato y la mutual, debido a la gravedad de los delitos que habrían cometido los sindicalistas.
En su resolución, Bustos Fierro destacó que hasta el momento se pudo acreditar en la causa que durante el período comprendido entre el 26 de agosto de 2009 y, al menos mayo de 2018, Julio Mauricio Saillén, Pascual Vicente Catrambone, Juan Manuel Krainbuhl y los contadores Juan Manuel Riba, Osvaldo César Medina y Juan Carlos Delgado habrían lavado la suma aproximada de 25.205.940 pesos.
A tal fin, la operación habría consistido principalmente en la compra/venta de bienes muebles e inmuebles que habrían adquirido y/o transferido. Para ello habrían ocultado su participación mediante la interposición de terceros.
“Si bien estos terceros de forma voluntaria aparecían como los titulares formales de los bienes ante los respectivos registros, eran los miembros de la asociación ilícita quienes mantenían la real disposición del bien lo que queda evidenciado, por ejemplo, en la obtención de las denominadas tarjetas azules”, destacó la resolución.
Peligrosidad procesal
Para ordenar la prisión preventiva de Catrambone y Saillén, el magistrado tuvo en cuenta la conducta asumida por los acusados en el transcurso de la investigación y la función jerárquica que ocupan en la organización gremial.
Bustos Fierro hizo alusión a los “aprietes” de los que han sido víctimas diferentes personas, por ejemplo el ataque al periodista Mariano Simes y las “múltiples agresiones físicas y psicológicas y amenazas” que recibieron los denunciantes de la causa desde el año 2015 hasta la fecha.
Cabe recordar que los gremialistas se encuentran detenidos en el Pabellón E-3 Módulo MD1 de Bouwer, más conocido como el pabellón “Vip” de la cárcel de Bouwer desde hace dos meses y esta es la resolución judicial más grave dictada en su contra. El abogado Fernando Martínez Paz es el único defensor de los acusados, ya que Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco se apartaron de la defensa por diferencias con los sindicalistas sobre la estrategia elegida.