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Se abordan en un seminario derechos de las personas privadas de la libertad

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Con la impronta de actuar en defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, comenzó hoy un seminario en el que se presentará una guía con premisas básicas para estandarizar el monitoreo de los derechos humanos en centros de detención.

Con el nombre de «Defensa pública y monitoreo de derechos humanos en los centros de privación de libertad», el seminario fue presentado por la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, quien resaltó la importancia del trabajo que realizó la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas para mejorar el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad.

«Se trata de fortalecer las defensorías públicas para dar voz a nuestros representados que son los más vulnerables y para que la privación de la libertad no haga más daño que el mínimo indispensable», dijo Martínez ante académicos, agentes del Poder Judicial y defensores públicos de América Latina y el Caribe, quienes se reunieron en la sede de la Cancillería.

El evento, que finaliza mañana viernes, tiene como objetivo la exposición por especialistas nacionales e internacionales de una Guía Regional para la Defensa Pública y la Protección Integral de las Personas Privadas de Libertad y de un manual de principios básicos para el monitoreo de derechos humanos en centros de privación de libertad. «El trabajo tiene vocación de consolidar, estandarizar y homogeneizar las buenas prácticas en la región convirtiendo las Defensorías Públicas en un actor clave con parámetros mínimos encuadrados en una política pública regional», dijo el fiscal español Manuel Miranda, uno de los autores del trabajo.

François Roudié primer consejero de la Unión Europea (UE), destacó el trabajo conjunto que auspició la UE por medio del programa Eurosocial e instó a «trabajar para cerrar la brecha de desigualdad promoviendo el acceso a los derechos».

En la misma línea, Xavier Cousquer, coordinador de ese programa, convocó a los defensores públicos a «hacer pedagogía para que la opinión pública entienda que la privación de la libertad no es privación de derechos».

Por su parte, la defensora General de Paraguay, Noyme Yore Ismael, aseguró que «fortalecer las defensorías es la única garantía para que el más humilde y más vulnerable pueda acceder al sistema de justicia igual que todos los ciudadanos».

Las jornadas abordarán los mecanismos de prevención nacionales regionales e internacionales para aumentar la incidencia de la tarea de monitoreo en centros de privación de libertad, el intercambio de experiencias entre las defensorías regionales, la sanción y reparación en el contexto de torturas y el fortalecimiento de la lucha contra la violencia institucional en los centros de privación de libertad de América Latina.

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