Santa Fe: piden que tribunales con atrasos no tengan feria

GARAVANO. El ex ministro planteó, sin éxito, la necesidad de debatir la extensión de la feria.

El colegio que nuclea a los letrados apuntó a la cantidad licencias que se toman algunos funcionarios, a pesar de que tienen prolongadas vacaciones. Sostuvo que la mayoría se usa de “manera abusiva” y con “fines turísticos”

El Colegio de Abogados de Santa Fe le pidió a la Corte provincial que los juzgados con atrasos injustificados no dejen de trabajar durante la feria de invierno.

La entidad apuntó a la cantidad de licencias extraordinarias injustificadas que se toman los funcionarios y empleados de la Justicia local, a pesar de que gozan de un período de descanso extenso. Por ese motivo, le solicitó al Alto Cuerpo que tome medidas.

Andrés Abramovich, nuevo presidente del colegio, advirtió que en algunos casos aquéllas se usan de manera abusiva y con fines turísticos.

Al respecto, Abramovich recordó que a los días del año en curso (366) hay que restarle 31 de la feria de enero, 14 del receso de julio, 89 sábados y domingos, 17 feriados nacionales y los asuetos que suelen declararse.

Además, precisó que a ello debe agregarse que según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, los empleados de la Justicia y del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe gozan de la particular posibilidad de pedir 15 de licencia extraordinaria cada año, lo que implica que en caso de que el agente decida tomarse estos días, serán otras dos semanas que se suman a las ferias de enero y de julio y a las licencias por enfermedad que eventualmente correspondan.

Así, detalló que un judicial santafesino «podría trabajar 197 de los 365 días que conforman 2020”.

En tanto, el organismo denunció que se dan casos insólitos, como el de una jueza de la localidad de San Javier que sin justificación alguna decidió no trabajar el 30 de diciembre de 2019.

Ex ministro

En enero de 2017, el ex ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, anunció que impulsaría un debate sobre el sistema de vacaciones del Poder Judicial, que implica una interrupción de casi el 20 por ciento de la labor del sector.

Garavano planteó que era necesario analizar medidas conducentes para que el trabajo de la Justicia no se paralice, partiendo de la premisa de que 45 día de feria implican “un grave perjuicio para los ciudadanos”. Además, adujo que sería conveniente ampliar los horarios de atención al público implementando turnos.

Aunque aclaró que, en última instancia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Ministerio Público Fiscal definirían la cuestión, los gremios de judiciales se negaron a intercambiar ideas.

En Córdoba, vía comunicado, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agep) opinó que la propuesta era una “intromisión” del Poder Ejecutivo y denunció que “Justicia 2020” -la plataforma que contemplaba el debate sobre la feria- buscaba “avasallar derechos adquiridos”.

No obstante, los expertos en la materia se mostraron permeables a la necesidad de, al menos, dar un debate sobre el tema, que se puso válidamente a consideración de la sociedad.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) declaró que lo ideal sería generar licencias para que el sistema funcione todo el año.

Por su parte, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) manifestó que la feria carece de sustento legal, que no es razonable y que “es una forma de denegación de Justicia”.

Torcuato Sozio, titular de la ADC, recordó que en distintas oportunidades la agrupación sostuvo que debe suprimirse. “Es insólito que una persona se encuentre en diciembre con que no avanza su trámite porque el Poder Judicial se paraliza”, señaló.

“Es el momento de que el propio Poder Judicial se cuestione”, ponderó, valorando que “el servicio de Justicia debería funcionar como un hospital”.

En enero de 2017, el ex ministro de Justicia, Germán Garavano, anunció que impulsaría un debate sobre el sistema de vacaciones del Poder Judicial.

Sin éxito, Garavano planteó que era necesario analizar medidas conducentes para que el trabajo de la Justicia no se paralice, partiendo de la premisa de que 45 día de feria implican “un grave perjuicio para los ciudadanos”.

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