Sanatorio que alquiló quirófano responde por la mala praxis del cirujano

Al confirmar el fallo que fijó la indemnización, la Justicia de Santa Fe resaltó que el establecimiento involucró su nombre y prestigio y brindó la colaboración de su personal administrativo y paramédico

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de I Nominación de Santa Fe confirmó que una clínica privada que le alquiló uno de sus quirófanos a un cirujano demandado por mala praxis también responde frente a la paciente.

“No puede interpretarse que haya surgido prueba que acredite la total ausencia de vinculación entre el profesional, la actora y el establecimiento, siendo que como parte de la locación prestó el uso del quirófano e involucró su nombre y prestigio y brindó la colaboración de su personal administrativo y paramédico”, resaltó el tribunal en su decisorio.

En esa línea, detalló que si bien el médico arrendó a través del sistema denominado “sanatorio abierto”, que operó a la paciente sin la asistencia de galenos de la clínica y que solo él cobró honorarios, la codemandada también percibió dinero, en concepto de gastos de internación y por los medicamentos que proveyó

La Cámara indicó que la persona que decide someterse a una cirugía difícilmente indaga respecto a las relaciones contractuales entre el cirujano y el sanatorio donde éste decide o propone efectuar la cirugía; incluso, cuando lo contacta fuera del nosocomio.

Bajo esa premisa, estableció que hay una “apariencia de vínculo contractual” frente al paciente-consumidor, quien puede entender que si un galeno que opera en determinado centro asistencial es porque efectivamente “pertenece” o trabaja allí.

Deber de garantía Así, concluyó que el Sanatorio Médico Quirúrgico Santa Fe SA deberá responder por no haber cumplido con el deber de garantía a su cargo, al haberse brindado una prestación médica negligente, aún cuando el médico no formara parte de su staff.

A su turno, F.I. promovió demanda de daños y perjuicios en contra del médico J.C. y el Sanatorio Médico Quirúrgico Santa Fe SA a fin de obtener una reparación de los daños que sufrió como consecuencia de la intervención quirúrgica en su pierna izquierda, por un problema de várices, que el primero le practicó en la clínica.

Expuso que estuvo internada en el nosocomio dos días y que continuó su recuperación en su casa, realizándose curaciones regulares en un consultorio externo.

Precisó que pasado un mes de la operación todavía sentía una llamativa impotencia funcional en la extremidad intervenida, con dolores intensos y permanentes, por lo que se hizo un estudio (electromiografía) por orden del profesional demandado, del cual surgió que presentaba una lesión completa de ambas ramas del nervio peróneo común. Como consecuencia de ello, debió someterse a una transposición tendinosa de tipo correctiva.

Fundó la responsabilidad del médico en la imprudencia, negligencia e impericia con la que realizó el acto médico y extendió la culpa al establecimiento asistencial demandado.

Reclamó el resarcimiento de la incapacidad sobreviniente y explicó que según la junta médica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe se le habían diagnosticado parálisis de ciaticopopliteo externa izquierda con alteración de la movilidad de pie y tobillo; trastornos sensitivos y tróficos e insuficiencia venosa de miembros inferiores estadio IV, presentando una incapacidad total y permanente del 70%.

Asimismo, reclamó una reparación por daño moral.

El a quo hizo lugar a los reclamos de la mujer. Expuso que del análisis de la pericial médica surgía que sufrió un daño de tipo permanente, en grado parcial y de carácter definitivo , con relación de causalidad adecuada con el accionar del médico demandado.

En ese sentido, puntualizó que el perito concluyó que la complicación que experimentó no se vincula ni con el método ni con los riesgos de la cirugía que afrontó, sino con un “mal procedimiento” que había afectó el nervio ciático poplíteo externo y concluyó que se acreditó que el accionar culposo de J.C. fue sido idóneo para producir el resultado lesivo.

Respecto del sanatorio, determinó que la culpa del profesional acreditaba la violación del deber de seguridad que, como obligación tácita, estaba comprendida en la asistencia que le brindó, y que la omisión de tal obligación generaba la responsabilidad directa de la entidad, más allá de que se hubiere probado que no existía relación laboral con el demandado.