Uruguay comenzará a aplicar una ley que habilita la internación involuntaria de personas con problemas psiquiátricos y/o adicciones que viven en la calle.
La norma autoriza que las personas que están a la intemperie y atraviesan una descompensación por patologías psiquiátricas o consumo de drogas puedan ser internadas sin su consentimiento.
El gabinete de Luis Lacalle Pou coordina el trabajo que se implementará desde hoy. Los técnicos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) brindaran asistencia con el prestador de salud estatal ASSE (Asociación de Servicios de Salud del Estado).
Los equipos médicos certificarán si un individuo requiere internación para ser compensado y se encargará de trasladarlo a un centro de salud cercano. Si no accede intervendrá la policía.
Cuando la persona se recupere, el Mides deberá ofrecer alternativas para que no vuelva a la indigencia. Algunas opciones que tiene disponible la cartera son los hogares asistidos o las denominadas “casas de medio camino”, que gestiona.
Según detalló en Mides, el objetivo de las autoridades es salvaguardar la vida y la integridad de quienes viven en la calle y aclaró que la reforma legal no implica que una persona adicta vaya a ser trasladada “a la fuerza” a un sanatorio, salvo cuando esté en una situación de descompensación y no pueda responder.
La modificación legal surgió como respuesta a un reclamo de la sociedad civil uruguaya, con el colectivo Madres del Cerro, integrado por familiares de adictos, como uno de los impulsores de la posibilidad de internar compulsivamente.