ESCUCHAREn el marco de la causa denominada “la ruta del dinero K”, la Cámara Federal reclamó una definición sobre la situación procesal de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Por el caso ya fueron condenados el empresario santacruceño Lázaro Báez y sus hijos.
Fernández de Kirchner tiene una falta de mérito dictada por el juez Sebastián Casanello, quien la citó a indagatoria a instancias de la Cámara Federal, en 2018, fallo que fue ratificado en 2019, con instrucciones al magistrado sobre la prueba a producir que incluían sumar a la investigación tres declaraciones de “arrepentidos” de la causa “cuadernos”: la del ex secretario de Obras Públicas, José López; la de ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, y la del ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares.
Mientras ese tramo de la causa permanece en instrucción, gran parte de la investigación ya tuvo condenas.
A finales de febrero, a Baéz se le impuso la pena de 12 años de prisión por lavado de activos agravado. Por mayoría, el Tribunal Oral Federal 4 sostuvo que su fortuna provenía de los contratos de obra pública que se investigan en la causa conocida como “Vialidad”, en la que Báez está siendo enjuiciado junto a la vicepresidenta.
Asimismo, tuvo en cuenta las pesquisas por evasión que también incluyen al empresario patagónico.
Báez cumple prisión domiciliaria en un lugar que se mantiene en reserva, hasta que la condena quede firme. La revisión está en manos de la Cámara Federal de Casación Penal.
La orden sobre la situación procesal de Cristina Fernández en la causa de “la ruta del dinero K”, por un sobreseimiento o un procesamiento, surge de un fallo dictado por la Sala II de la Cámara Federal, con la firma de los jueces Eduardo Farah y Mariano Llorens.
La alzada indicó que el a quo (es decir, Casanello) deberá cumplir con los términos establecidos en el artículo 207 del código de rito, a fin de resolver las situaciones procesales pendientes y concluir definitivamente la instrucción.
La mencionada causa es la única en la que la vicemandataria fue llamada a declarar y no terminó procesada.
