ESCUCHAREl presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, consideró que la narcocriminalidad es uno de los tres o cuatro problemas más importantes de la Argentina y que de acá a cuatro o cinco años probablemente sea el peor de los problemas.
Rosatti dijo que tiene «una enorme preocupación» por la incidencia del narcotráfico ya que es una «batalla que se está perdiendo, por lo menos desde la perspectiva del Poder Judicial». «En tres años probablemente sea el peor problema de nuestro país».
«Primero porque hay un Estado adentro del Estado, un lugar donde no llega la Constitución. Adonde no llega la Justicia se resuelve de otro modo, a los tiros, por la venganza… ahí tenemos una parte del territorio donde no se ejerce soberanía. Es un problema gravísimo», sostuvo.
Al ejemplificar la forma en la que el flagelo corrompe a la sociedad contó: «Una madre le pide a un funcionario de Lanús, ‘quiero que mi hijo salga del narco’. El funcionario responde: ´Vamos a conseguirle un trabajo por 25.000 pesos´. Pero su hijo gana 100.000 pesos vendiendo drogas”, sostuvo el magistrado en una entrevista concedida al canal LN+.
Sobre la tarea de la Corte y las críticas que reciben por la celeridad para resolver casos respondió que «resolvemos siete mil causas al año, muchas de ellas las rechazamos, pero para rechazarlas hay que leerlas, Mientras la Corte de Estados Unidos resuelve 100 causas por año, nosotros resolvemos 180 por semana. Hay una judicialización de la sociedad».
Rosatti enfatizó que el problema es atender el mecanismo por el cual llegan tantos casos al máximo Tribunal del país. «El problema no es cuánta agua sacamos del bote, sino que hay que trabajar para que no entre agua al bote», ejemplificó, mientras que aseguró que «hay una incapacidad de la sociedad de resolver los problemas antes de llegar a un tribunal. En el mismo sentido, habló de la necesidad de «trabajar» con los tribunales de Casación para que no ingresen tantas causas a la Suprema Corte.
En tanto, sobre la reciente visita que le hizo a los jueces de la Corte el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, aseguró que no hizo referencia a «ningún caso en particular». «Si lo hubiera hecho le hubiera mostrado la salida», advirtió.
El juez supremo, por otro lado, desestimó la importancia del concepto del lawfare, que refiere a una supuesta persecución judicial contra funcionarios por razones políticas en causas de corrupción. «Hay pruebas o no hay. Si es un invento, las pruebas no van a ser suficientes. Si las pruebas son suficientes, no era un invento. La Constitución es muy clara y el Código Procesal se aplica a todo el mundo. Si hay pruebas de culpabilidad, será culpabilidad, y si no, no», concluyó.
