Su defensa alega que no hay peligro de fuga y que no podrá entorpecer la pesquisa relativa a la compra de chatarra ferroviaria. La fiscal se opuso porque no tiene la edad requerida
La defensa del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, detenido desde hace más de un año por hechos de corrupción, pidió que se le conceda a su asistido el beneficio de la prisión domiciliaria porque padece de “cardiopatía hipertensa”. Semanas atrás había presentado un hábeas corpus cuestionando las condiciones de encierro.
Los letrados de Jaime formalizaron su pedido ante el Tribunal Oral Federal 1, que tiene a su cargo el expediente en su contra y del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado, Julio de Vido, por la compra de trenes inservibles a España y Portugal.
Jaime fue privado de su libertad por orden del juez Julián Ercolini en en marco de aquella causa. Además, permanece en esa situación por una condena unificada de seis años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once.
Los abogados aseguran que no hay peligro de fuga y que su representado no podrá entorpecer la investigación porque ésta concluyó y ya está elevada a debate. Incluso, citaron el fallo «Verbitsky», en el cual se alertó sobre las malas condiciones de las cárceles argentinas.
La fiscal Gabriela Baigú se opuso y recordó que Jaime tiene 62 años y que, por ello, no se configura el requisito etario para que pueda acceder al instituto (tener 70 o más).
Enfermedad
Paralelamente, señaló que tampoco padece una enfermedad incurable en período terminal o una patología que no pueda ser tratada adecuadamente en el establecimiento carcelario.
«Debe ponderarse que Jaime se encuentra imputado en numerosas causas. Además, pesa sobre él una condena firme de un año y seis meses de ejecución condicional y una condena no firme de cinco años», recordó la acusadora.
En tanto, destacó que por la escala de los delitos que se le atribuyen y por la forma en que concurren entre sí, de resultar condenado en alguna de las causas y frente al dictado de una pena única, será de cumplimiento efectivo.
«El único modo de neutralizar el peligro de fuga consiste en que el imputado permanezca en Ezeiza”, concluyó.
Ahora, los jueces Adrián Grunberg, José Michilini y Gabriel Vega deberán decidir la situación del ex funcionario del gobierno anterior.
