Revocaron el sobreseimiento de una directora del PAMI imputada por no entregar medicación

La medida había sido dictada en el marco de una investigación por el incumplimiento de una orden judicial en beneficio de una afiliada. La mujer se desempeña en la filial tucumana del organismo

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) hizo lugar al recurso promovido por el titular de la Fiscalía General ante la Cámara de Apelaciones de Tucumán y anuló el sobreseimiento, dictado por la alzada, de la directora de la filial local del PAMI, en el marco de una investigación por el incumplimiento de la orden judicial que ordenaba al organismo que proveyera una medicación a una afiliada.

A su turno, la actora denunció a los responsables de la Unidad de Gestión Local tucumana del PAMI por incumplir la sentencia dictada por el a quo en noviembre de 2017, que admitió su amparo y les ordenó autorizar la provisión mensual de una serie de fármacos.

La directora Ejecutiva de esa unidad fue indagada por no acatar el fallo. Negó tener responsabilidad señalando que ingresó a la oficina en julio de 2018 y que la mora en la entrega de uno de los medicamentos obedecía a que la amparista presentó erróneamente las recetas. También dijo que de los 18 remedios que se le daban, sólo se tardó en la entrega de uno.

Al ser indagada, la encartada negó tener responsabilidad al señalar que ingresó a la oficina en julio de 2018 y que la mora en la entrega de uno de los medicamentos obedecía a que la amparista presentó erróneamente las recetas. También dijo que de los 18 remedios que se le daban, sólo se tardó en la entrega de uno.

El magistrado de primera instancia dictó la falta de mérito de la funcionaria y ordenó nuevas pruebas. El decisorio fue apelado por la defensa de la afiliada y por la querella, pero la Cámara Federal de Apelaciones dispuso el sobreseimiento de la imputada, al tener en cuenta la fecha de su ingreso al PAMI.

El fiscal Antonio Gómez recurrió lo decidido, planteo que su colega Mario Villar mantuvo.

Gómez consideró que el sobreseimiento no se ajustó a derecho porque carecía de la certeza positiva exigida por la ley para su dictado.

En tal sentido, indicó que si bien era cierto que la encausada asumió la dirección de la sede local del PAMI luego del dictado de los fallos, también lo era que estando en funciones tomó conocimiento de su existencia.

Agregó que durante su gestión, la mujer “supo de la cautelar dictada a favor de la damnificada” y que estaba en condiciones de hacerla cumplir, aunque optó por desobedecer y, en consecuencia, la medicación no se entregó en tiempo y forma.

La defensa insistió con la procedencia del sobreseimiento y el responsable de la Fiscalía General Número 1 ante la CFCP, Villar, sostuvo que el decisorio cuestionado no brindaba las razones de por qué el haber asumido el cargo con fecha posterior a las sentencias que ordenaba el suministro de los medicamentos, eximía a la imputada de cumplir una orden judicial.

Agregó que era arbitrario sostener que la investigación se había agotado cuando, en realidad, debían adoptarse medidas dirigidas a establecer el motivo del incumplimiento y si esa situación se repitió.

Hipótesis

Concluyó afirmando que el sobreseimiento fue prematuro, en tanto subsistía la posibilidad de una hipótesis alternativa que no había sido refutada por la Cámara tucumana.

Al resolver la cuestión, los vocales de la Casación Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña hicieron lugar al recurso de la fiscalía, anularon el sobreseimiento dictado y remitieron las actuaciones al Juzgado Federal Número 1 de Tucumán para que continúe el trámite de las actuaciones.

“La clausura del proceso mediante el temperamento exculpatorio adoptado luce cuanto menos prematuro, en tanto tal decisión exige una certeza que no encuentra sustento en las probanzas incorporadas a las actuaciones , lo que revela su arbitrariedad y lo descalifica como acto jurisdiccional válido”, argumentaron.

“No se verifica la certeza negativa que requiere el pronunciamiento dictado, pues el sobreseimiento se encuentra basado en opiniones que no esclarecen las circunstancias que rodearon los hechos investigados y está pendiente, en ese orden, la adopción de medidas dirigidas a establecer las circunstancias que motivaron el incumplimiento acontecido con posterioridad al 23 de julio de 2018 y establecer, además, si situaciones similares se reiteraron”, añadieron.

“En la medida que la investigación no haya sido concluida y se hayan despejado las dudas en torno al motivo de incumplimiento de la provisión de medicamentos ordenada, y si en la fecha en la que la imputada ejercía el cargo de directora se sucedieron otros incumplimientos, atendiendo a los planteos efectuados por el Ministerio Público Fiscal, corresponde profundizar la pesquisa y que el juez de primera instancia agote, sobre la base de las pruebas que se incorporen al expediente, el estudio de la figura denunciada”, finalizó la máxima instancia en lo Penal federal.