Revocan una sentencia que había rechazado un acoso sexual en el ámbito laboral

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba admitió la acción iniciada por una empleada contratada y, bajo la perspectiva de género, ordenó que el municipio demandado repare el daño padecido por la mujer [privado]

Con perspectiva de género, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) revocó una sentencia que había rechazado la demanda por reparación integral fundada en el acoso sexual sufrido por una empleada de la Municipalidad de Villa María y condenó al municipio por haberse perpetrado el hecho en el ámbito de las relaciones laborales junto con el agresor.

La a quo entendió que las conductas de connotación sexual sólo pueden considerarse acoso cuando el asediado inequívocamente manifiesta oposición a las propuestas e insinuaciones del asediante y sostuvo que la mayoría de los testigos expresó que entre el supuesto acosador y su subordinada parecía que existía algún tipo de relación personal y que la propia víctima manifestaba frente a sus compañeros que “había entrado en un juego peligroso”.

De ello, la a quo derivó que C. consintió la relación que se gestó con Q. y afirmó que dicha circunstancia fue probada por medio de las conductas o acciones de su parte -comidas extralaborales, reuniones en parejas, regalos, etcétera-, concluyendo que si bien Q. reviste una personalidad proclive a formular insinuaciones, chistes de contenido sexual, piropos, exhibición de material de contenido pornográfico, etcétera, éticamente criticable para un encargado de área, lo cierto fue que dichas manifestaciones eran en general a todas las empleadas de Tránsito.

Actitud

Así, la a quo agregó, no se demostró que la actitud de la actora se encontrase condicionada, exteriorizando su voluntad con signos inequívocos. Por ello descartó la existencia de acoso sexual.

Sin embargo, la recurrente denunció que el tribunal vulneró la Ley 26485 de Protección Integral de las Mujeres, cuyo objeto es prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y violencia contra este género, en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos. La casacionista señaló que la situación de contratada de la actora también la colocó en una situación de vulnerabilidad frente al trato de Q., quien se aprovechó de su condición jerárquica y la hostigó acosándola sexual y laboralmente.

Además, la impugnante expresó que la a quo vulneró las reglas de la sana crítica racional al descalificar la prueba médica, entendiendo que se involucró en materia ajena a su competencia y se atribuyó la facultad de “disentir” con el conocimiento científico del profesional.

Alteración

De igual modo, la denunciante alegó que la alteración de los relatos de los testigos resulta evidente cuando la decisora afirmó que la mayoría de los declarantes refirieron a que C. consintió una relación sentimental con Q, sosteniendo que es absolutamente falsa esa premisa, ya que fueron 18 los testigos que depusieron en la causa y 14 de ellos ni siquiera aludieron a alguna de las acciones o conductas que la a quo atribuyó a la empleada para tener por acreditada una relación sentimental, asevera finalmente que, por el contrario, los declarantes resultaron contundentes al describir los hechos de acoso y hostigamiento por parte del demandado.

"Cobra relevancia la pericia psiquiátrica oficial donde se describen las maniobras antisimulatorias practicadas a la accionante y el resultado obtenido de las mismas, concluyendo que la trabajadora no simuló conductas".

El Alto Cuerpo, integrado por los vocales Mercedes Blanc de Arabel, Luis Rubio y Luis Eugenio Angulo , indicó que la juzgadora omitió el método de evaluación con perspectiva de género, desconociendo el alcance regulatorio que contiene el sistema legal argentino en esa materia, remarcando que ello resulta evidente cuando les quitó entidad agraviante por estar dirigidas a la generalidad de las empleadas.

Consideró el TSJ que la conclusión de la a quo, relativa a la existencia de consentimiento por parte de C. y la verificación de un vínculo sentimental con Q., “amén de no tener eficacia para erradicar la existencia de acoso, tampoco se deriva del material transcripto en la sentencia”.

Ello así, desde que las acciones a las que el a quo le atribuye tal connotación no demuestran necesariamente ese tipo de relación (salidas extra laborales, comidas con parejas, regalos), remarcando que “más aún teniendo en cuenta otras declaraciones que sí precisaron conductas inadmisibles por parte del demandado”.

El decisorio indicó que también cobra relevancia la pericia psiquiátrica oficial donde se describen las maniobras antisimulatorias practicadas a la accionante y el resultado obtenido de las mismas, concluyendo que la trabajadora no simuló conductas y destacando que “las patologías constatadas en la actora eran respuestas de situaciones vivenciales traumáticas de acoso y coerción ante la amenaza de la pérdida de empleo”.

Legislación

En definitiva, el TSJ concluyó que la conducta del demandado Q., que el tribunal en su pronunciamiento fijó como cierta, “se encuentra descripta en la legislación vigente como una acción ofensiva, humillante y discriminatoria para quien la padece (Ley N° 24632 y Ley Nº 26485 Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales” sancionada por el Congreso de la Nación en el año 2009)”.

El Alto Cuerpo definió que, verificada la existencia de las conductas antijurídicas descriptas, a las que la pericial médica oficial otorgó entidad suficiente para causar el daño detectado en la salud de la actora -incapacidad absoluta y permanente- debe condenarse a los demandados al resarcimiento de aquél, agregando que la condena solidaria al municipio encuentra sustento en la responsabilidad objetiva emanada del hecho del dependiente.

En consecuencia, en el fallo se resolvió: “I. Admitir el recurso deducido por la parte actora y, en consecuencia, casar el pronunciamiento conforme se expresa. II. Hacer lugar a la demanda en cuanto pretende reparación integral por el daño a la salud, condenando solidariamente a las demandadas (…)”.

Autos: “C. I. V. c/ Municipalidad de Villa María y Otro - Ordinario - Otros (Laboral)” - Recurso de casación - 328831, Trib. de origen: Cám. Trabajo, Villa María

El fallo Descarga

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