ESCUCHAREn el marco de la causa en la cual se investiga si el ex presidente Mauricio Macri y varios de sus ex funcionarios formaron una asociación ilícita para quedarse con el Grupo Indalo por su línea editorial, según la denuncia que radicó el empresario Fabián De Sousa, la Cámara Federal revocó la orden dictada por la jueza María Servini para que se analizaran las llamadas telefónicas que hicieron entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019.
Los jueces Martín Irurzun y Lepoldo Bruglia entendieron que se trata de un período de tiempo que supera los límites que “razonablemente permite el objeto de la acusación”. Además, valoraron que la medida implica afectar sin justificación “derechos individuales y esferas de la actuación ajenas a la incumbencia” de la Justicia.
Los camaristas le indicaron a la inferior que dicte un nuevo decreto para llevar adelante la diligencia, que deberá delimitar los momentos que resulten relevantes para la instrucción.
Además, advirtieron que cuando se obtengan resultados, las comunicaciones que tengan que ver con la pesquisa no deberán filtrarse.
Servini ordenó la medida el 8 de julio, con el fin de identificar los teléfonos y los registros de comunicaciones de Macri, ex funcionarios de su Administración y otras personas. Se trata de Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, y de los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner.
La jueza también pidió que se determinara dónde se encontraban los abonados, (activación de celdas), quiénes eran “interlocutores comunes y frecuentes”, si los encausados se contactaron con personas investigadas y realizar un entrecruzamiento de llamadas.
