El multicondenado represor Luciano Benjamín Menéndez sufrió un nuevo revés judicial en una causa en la que está imputado por la sustracción de la beba de una prisionera alojada en un centro clandestino de detención y torturas durante la última dictadura cívico-militar, que se convirtió en la nieta recuperada 107.
La Corte Suprema de Justicia rehusó dar tratamiento a un recurso presentado por la defensora oficial María Eugenia Di Laudo contra un fallo de la Cámara de Casación que confirmaba la revocatoria de su sobreseimiento.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon y Juan Carlos Maqueda rechazaron el último intento por eludir esta pesquisa en la que se acusa a Menéndez por la sustracción de la hija de una mujer detenida en el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2), al considerar que el recurso “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”.
Se trata del expediente en el que se investiga cuando María de las Mercedes Moreno fue detenida por personal del D2 en septiembre de 1978, cuando estaba embarazada, y en octubre de ese año fue trasladada -encadenada- a la Maternidad Provincial donde tuvo a su hija que fue llevada a la Casa Cuna.
Cuando la madre obtuvo la “libertad vigilada” comenzó a buscarla. La beba había sido entregada en guarda judicial a un matrimonio y recién en 2012, con la intervención de la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo, Moreno logró que la Justicia federal convocara a la joven, que accedió a realizarse el examen ADN y confirmó que era su hija, la nieta recuperada Nº 107.
En 2013, el juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freytes procesó a Laura Dorila Caligaris y Osvaldo Roger Agüero, los apropiadores, por el delito de supresión del estado civil, y a Adela María González, como partícipes necesarios. No obstante, en esa misma sentencia el juez dictó el sobreseimiento por esos delitos de Menéndez, Alberto Carlos Lucena, Jorge González Navarro, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge Eduardo Gorleri, Roberto Villagra, Alberto Bonadero, Carlos Sem Rodríguez y Ana María Rigutto de Oliva Otero.
Todos estos sobreseimientos fueron revocados por la Cámara Federal de Córdoba, que los procesó en una resolución que fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en el fallo que ahora la defensa del represor intentó vanamente que fuese revisado por la Corte.