Resarcen incapacidad laboral de una enfermera golpeada por un paciente

La Provincia de Córdoba debe responder la minusvalía padecida por la trabajadora de la salud, conforme lo informado por los peritajes que efectuaron los especialistas

Al considerar no prescripta la acción, al darle efecto interruptivo y no simplemente suspensivo al transcurso del reclamo por ante la Comisión Médica, de conformidad con lo establecido en el nuevo Código Civil y Comercial, la Sala 11ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba admitió la demanda de una enfermera presentada con fundamento en la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), por las secuelas físicas y psíquicas padecidas que sufrió en manos de un paciente en un hospital provincial y que le causó la pérdida de una pieza dental.

Como base de la acción la trabajadora relató que ingresó a trabajar en relación de dependencia para el Gobierno de la Provincia de Córdoba el día 18 de marzo de 2002, prestando tareas como enfermera en el Hospital Vicente Agüero en la ciudad de Jesús María, con una jornada de trabajo de 22 a 6.

Refirió igualmente que con fecha 30 de noviembre de 2012, en momentos en que se encontraba trabajando en la guardia central del nosocomio, fue agredida por un paciente que le propinó un golpe de puño en el hemirrostro izquierdo, quedando sin conocimiento por unos minutos, lo que le causó una deformidad gigante en el rostro gigante y hemorragia de ojo izquierdo, siendo intervenida quirúrgicamente a los diez días del hecho, ocasión en la que se le extrajo el segundo molar maxilar superior izquierdo.

Excepción

Al resolver, el tribunal integrado por la vocal Patrici a Ledesma se expidió sobre la excepción de prescripción interpuesta por la demandada, precisando que su curso partiría desde el momento en que la accionante damnificada conoció de manera cierta la existencia del daño en su salud susceptible de apreciación, en esta caso mediante el dictamen de Comisión Médica, que data del 28 de agosto de 2013 y fija el diagnóstico de las afecciones padecidas por la actora como consecuencia del accidente de trabajo sufrido y reconocido por el órgano administrativo.

La sala agregó que si se considera que la demanda fue interpuesta el día 02 de julio de 2015, con base en lo expuesto, se concluyó que la acción no estaba prescripta.

Al respecto, el fallo precisó que en el trámite ante la Comisión Médica y liquidación de siniestro, según la LRT, se encuentra materializada la interrupción del curso de la prescripción, toda vez que se entiende que si la actora, en este caso interpuso el reclamo, tal actuación administrativa sustanciada en el organismo específicamente previsto por la ley 24557 es eficaz para interrumpir el plazo de prescripción de la acción que se pretende ejercer, puesto que reúne los recaudos establecidos en el primer párrafo del artículo 3986 del Código Civil de Vélez -normativa vigente a la fecha de los hechos controvertidos- de aplicación en la especie por asimilación o analogía.

Disposiciones

Asimismo, la vocal derivó que no resultan de aplicación al caso de autos las disposiciones de la LCT en esta materia, en función del artículo 2 de dicho ordenamiento. En virtud de lo expuesto, en el fallo se resolvió que corresponde desestimar la excepción de prescripción planteada por la parte demandada.

Dilucidado ello, y a tenor de la prueba aportada, la jueza tuvo por cierto que la actora se desempeñó como enfermera del Hospital Vicente Agüero de la ciudad de Jesús María, efectuó denuncia de las patologías reclamadas como consecuencia del accidente padecido con fecha 30 de noviembre de 2012 e inició trámite ante la Comisión Médica N° 5, quedando acreditado el hecho generador de la pretensión de la actora.

En definitiva, de los informes acompañados por los peritos, la vocal tuvo por acreditado que la enfermera padece de “Reacción Vivencial Anormal Neurótica Postraumática grado III y trauma craneofacial, sin foco neurológico actual, con simetría facial y pérdida de elemento dentario 27 -molar de maxilar superior izquierdo- con tratamiento prótesico-no implante”.

Resolución

Por lo expuesto, en el fallo se resolvió que la actora es acreedora a la prestación prevista en el artículo 14, apartado 2, inciso a) de la LRT de pago único y por lo tanto correspondía condenar a Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, agregando que al importe definitivo se deberán añadir intereses equivalentes al 2% mensual más la tasa pasiva promedio nominal mensual del BCRA (“Hernández…” Sent. Nº 39/02) desde que es debido.

De otra arista, en la sentencia se resolvió favorablemente la petición de la actora, quien también solicita se condene a la accionada al pago de la indemnización adicional de pago único del artículo 3 de la ley 26773, pretensión que debe acogerse en función de la fecha de la primera manifestación invalidante, que en el caso de autos es la fecha del accidente de trabajo sufrido el 30 de noviembre 2012 y la doctrina sentada por el Tribunal Superior de Justicia.