Resarcen incapacidad absoluta y aplican multa

El tribunal, al decidir, valoró la conducta de la demandada frente el reclamo realizado por accionante. La empresa accionada debe pagar la sanción prevista en el artículo 2 de la ley 25323 [privado] Al configurarse los requisitos del artículo 212 cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), por padecer quien era el accionante al momento de la desvinculación laboral una incapacidad absoluta para prestar tareas, la Sala 11ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba otorgó al trabajador la indemnización contemplada en la norma. Asimismo, el fallo agravó la condena a la demandada Transporte Automotor Municipal SE (Tamse), condenándola a pagar el incremento indemnizatorio previsto en el artículo 2 de la Ley 25323 atento a las especiales circunstancias que rodearon la causa. Jorge Omar Álvarez (luego fallecido) relató que desde el mes de febrero de 2010 y hasta la extinción de su relación laboral gozó de licencia con goce de sueldo, que con fecha 9 de octubre de 2010, por problemas de salud, inició ante la Anses el beneficio de retiro por invalidez. Continuó manifestando que con fecha 21 de diciembre de 2010 la Comisión Médica N° 05 le dictaminó una incapacidad total de 70% por la patología de diabetes estado V, por lo cual intimó a la patronal al pago de la indemnización impuesta por el art. 212 parr. 4° de LCT. Todo lo cual fue negado por la demandada originándose el pleito. A su turno, el tribunal integrado por Nevy Bonetto de Rizzi señaló que “de las pruebas analizadas surge que quedan acreditados los extremos que estimamos imprescindibles para la aplicación de la norma, es decir que el actor padece una enfermedad la que, dado el grado de incapacidad que le provoca, debe ser equiparada a la absoluta, por lo que se encontraba impedido de insertarse en el mercado laboral al momento del rompimiento del vínculo, por otra parte se acredita que tanto la enfermedad como la elevada incapacidad estaban presentes al momento de la disolución del contrato, por lo que corresponde concluir que el actor es acreedor a la indemnización que reclama”. Circunstancia Al respecto el tribunal señaló: “Si bien estamos ante una circunstancia que presenta aristas especiales, sobre todo la particular naturaleza jurídica en que debemos enmarcar esta indemnización, el Tribunal no tiene dudas (de) que, en este caso concreto, la potenciación deviene procedente, ello así por varios motivos, en primer lugar por la jerarquía del organismo que había otorgado la incapacidad que justificaba la ruptura del contrato, incapacidad que la demandada no verificó en su momento aun teniendo todos los medios y las facultades para hacerlo”. Asimismo, tuvo en cuenta que la demandada “negó a sabiendas la fecha de ingreso que el actor denunciara, lo que no puede ser obviado por el Tribunal y por último porque el actor necesitado de contar con la patrimonialización de su antigüedad, máxime frente al alto grado de incapacidad que padecía, no pudo contar con ello, es más llegó al final de su vida sin haber percibido la indemnización de que se trata, en suma el Tribunal considera que al haberse emplazado en legal forma por el pago de la indemnización, según surge del TO analizado, debe potenciarse en un 50% el monto que se obtenga del cálculo de la indemnización por antigüedad”. Autos: ÁLVAREZ, JORGE OMAR c/ TRANSPORTE AUTOMOTOR MUNICIPAL SE (TAMSE) ORDINARIO – ART. 212 LCT - EXPTE. 179499/37” [/privado]

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