ESCUCHARPara apelar al Alto Cuerpo habrá que pagar casi $40 mil y para iniciar una actuación de disolución de matrimonio se deberán desembolsar $5.046. Los abogados presentaron quejas por las tasas para el próximo año y afirman que atentan contra el acceso a la justicia.
Por la inflación, divorciarse o interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia será 40% más caro el próximo año.
En números esto implica que quien pretenda iniciar actuaciones de divorcio vincular deberá pagar en concepto de tasa de justicia el valor equivalente a cuatro Jus o el monto de $5.046. En tanto, quienes deseen presentar un recurso directo de queja ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba deberán abonar un total de 30 jus, esto es $37.851.
Los números se desprenden del presupuesto elaborado por el gobierno provincial que por estos días está siendo debatido en la Legislatura Unicameral cordobesa.
Ambos aspectos fueron parte del reclamo que llevaron los abogados a la audiencia pública de la Legislatura cordobesa.
Al respecto, el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba Luis Segura planteó ante los legisladores la necesidad de que los divorcios vinculares sean calificados como un trámite de monto indeterminado teniendo en cuenta que el Código Civil y Comercial ha simplificado el trámite a su mínima expresión.
En caso de que se hiciera lugar a dicho planteo, iniciar un divorcio implicaría pagar un tasa de $1.892, alrededor de tres veces menos que lo que estipula el presupuesto.
Respecto del monto fijado para recurrir en queja al Alto Cuerpo, Segura recordó: “La falta del pago de la tasa de justicia hace inviable el recurso, lo cual implica necesariamente la denegación de justicia”.
En ese marco, el presidente de los abogados de Córdoba pidió reducir a 20 jus, es decir $25.234, el valor de este recurso.
El planteo de los abogados fue aún más allá de estos dos casos puntuales y pidieron a los legisladores una reducción de 20% en el monto de todas las tasas de justicia con el objetivo de dar más accesibilidad a los ciudadanos a este poder del Estado. “No garantizar un servicio tan esencial es violatorio del artículo 49 de la Constitución Nacional y el Pacto San José de Costa Rica”, destacaron.
Recursos
Segura también solicitó que el Gobierno de la provincia efectivice las partidas presupuestarias para que se concluyan las obras del Polo Judicial en la ciudad de Córdoba y la sede de los tribunales de Carlos Paz.
Paralelamente, pidió dotar de más recursos a los centro de mediación, hoy abarrotados de expedientes tras la puesta en marcha de la ley de mediación prejudicial obligatoria. También reclamaron la puesta en marcha plena de la reforma procesal laboral, que comenzará a funcionar recién en abril aunque de manera limitada.
