ESCUCHARLa Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (Uejn) que lidera Julio Piumato reclamó a la Corte Suprema de Justicia (CSJN) que gestione ante el Gobierno «sin más dilaciones» la inclusión del personal del sector en el plan estratégico de vacunación y/o la adquisición de dosis a través de la obra social gremial, informó el sindicato.
Una carta dirigida al presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, firmada por Piumato y la secretaria Gremial, Mara Fernández, también exigió la determinación de pautas «concretas y taxativas» de prevención ante la crisis sanitaria nacional.
Los dirigentes fundamentaron el reclamo en «el aumento exponencial de casos de contagios y muertes», y reseñaron que el pedido ya fue realizado el 20 de enero último, a la vez que aseguraron que en dos meses hubo más de 700 mil nuevos infectados.
«La segunda ola del virus es mucho más virulenta y requiere medidas extremas para disminuir el riesgo, lo que solo puede ser garantizado con la inoculación de un elevado porcentaje de la población para alcanzar la llamada inmunidad de rebaño. En la justicia existe una seria y cierta preocupación por la gran cantidad de situaciones, y se llegó ya al récord de casos diarios y al continuo aumento de los contagios», remarcaron.
Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT, y Fernández añadieron que «la demora en vacunar al personal es incomprensible, afecta el servicio de justicia y sitúa a los trabajadores en un estado de indefensión y vulnerabilidad absoluta», indicaron.
El comunicado gremial enfatizó la necesidad de atender «el elevado riesgo que existe en la justicia, que se acrecienta por las particularidades de la labor del personal, la precariedad de las condiciones en las que las realizan y el paupérrimo estado de los inmuebles», y ratificó que «se impone decretar la emergencia judicial y elaborar un plan estratégico plurianual para revertir esa alarmante situación de los trabajadores».
Los sindicalistas también reclamaron a la Corte Suprema «pautas concretas y taxativas» de cumplimiento obligatorio para garantizar «la mínima presencialidad en las dependencias y el control de las medidas de prevención necesarias», puntualizaron.
«Retomar las actividades normales y habituales, como por ejemplo las audiencias, implicaría un alto riesgo de propagación de la Covid-19. Ese riesgo objetivo se agrava por el desconocimiento o poco o nulo apego que algunos magistrados y funcionarios evidencian respecto de las pautas establecidas en las Acordadas», enfatizaron.
