Reclaman informes sobre presuntas fallas en la ciberseguridad del Renaper

El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto reclamándole al Poder Ejecutivo que, por medio de los ministerios del Interior y de Seguridad de la Nación, brinde información sobre los sucesos ocurridos durante este mes, por los que, presuntamente, un individuo obtuvo y difundió ilegítimamente información personal de las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), asegurando, además, que las puso a la venta.

El legislador requiere saber si el hecho fue perpetrado por una persona con clave autorizada perteneciente la cartera de Salud de la Nación; cuál es la estrategia de ciberseguridad en el ámbito del Ministerio del Interior relativa a los datos del Renaper; qué medidas se tomaron por la pérdida de información y si se presentó la denuncia penal correspondiente.

“Este ciberdelincuente alardeó en las redes sociales de poseer bases de datos de 45 millones de argentinos y, para dar prueba de ello, publicó información sobre políticos, periodistas, futbolistas de renombre mundial y personas famosas. Ofreció, además, la venta de paquetes de esa información, especialmente de todo lo relacionado con los DNIs”, afirmó el senador fueguino.

En esa línea, Blanco alegó que lo sucedido es “un hecho gravísimo que vulnera la intimidad de las personas” y que “pone en duda a los sistemas de protección de datos con los que cuenta el Estado nacional”.

“Más allá de las circunstancias particulares del caso, el hecho ocurrido pone de manifiesto la gran vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos los ciudadanos cuando las acciones u omisiones del gobierno se alejan de las prácticas profesionales que apliquen competencias de las personas y procedimientos orientados a la protección y promoción del bien común”, acotó.

Por otra parte, alegó que la Estrategia Nacional de Ciberseguridad -promovida por el Poder Ejecutivo Nacional por decreto 577/17, modificado por su similar 480, del 11 de julio de 2019, y normada por resolución 829/19 de la ex secretaría de Modernización- fue “un logro del profesionalismo en la gestión que llevó muchísimo esfuerzo y consensos”, con el fin de “generar una trayectoria administrativa orientada a la protección de los activos del bien público en su dimensión cibernética”.

Según Blanco, esa logística “fue abandonada” por la actual administración, lo cual dejó a los argentinos “expuestos al mal uso de sus datos personales, ya sea por fines políticos o por la ineficiencia y falta de profesionalismo en el ejercicio de la función pública”. “Resulta imperioso que, más allá de las circunstancias que rodean al caso particular del Registro Nacional de las Personas, el Poder Ejecutivo dé una explicación de cuáles son sus prácticas en materia de la protección de los datos personales de los habitantes de la Nación”, finalizó.