ESCUCHARLa Fiscalía pidió que se tramiten las pruebas y pericias pendientes y que se fije el día de inicio del debate por millonarios desvíos de fondos en la construcción de viviendas sociales, en el marco del programa gubernamental
“Teniendo en cuenta que al día de la fecha no se han producido o, al menos, visualizado por esta Fiscalía General avances de consideración que demuestren la efectiva realización de la totalidad de peritajes ordenados por el TOF, conforme surge palmariamente de las actuaciones de referencia compulsadas en forma periódica por esta parte, es que habré de solicitar se ordene una fecha límite para la culminación de los actos periciales ordenados a los efectos de que puedan fijar fecha concreta de inicio de debate oral y público”.
Con esas palabras, la Fiscalía a cargo de Diego Velasco reclamó que se fije una fecha para el inicio del debate por presunta corrupción en la construcción de viviendas en el marco del programa gubernamental “Sueños Compartidos”.
Desde que fue elevado a la etapa de juicio oral el expediente está prácticamente paralizado: no hay día de inicio del proceso y no avanzaron las pericias que ordenó el al Tribunal Oral Federal 5 (TOF5), el mismo sobreseyó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en “Los Sauces” y “Hotesur”.
Por eso, Velasco pidió el viernes que se fije una “fecha límite” para aquéllas, lo que permitiría tramitar el juicio.
La Fiscalía viene reclamando desde hace tiempo que se terminen las pericias solicitadas en la instrucción suplementaria, la etapa destinada a concretar medidas que se omitieron o denegaron durante la investigación. En julio de 2021, el TOF5 ordenó una pericia interdisciplinaria al Cuerpo de Peritos especializados en caso de corrupción y delitos contra la administración pública, que depende de la Corte Suprema.
Ese estudio estaba concentrado en las casas del barrio “Don Bosco” y en la construcción de un hospital en “Campo Contreras”, en la provincia de Santiago del Estero.
Hebe de Bonafini
El tribuna también dispuso una pericia sobre dos empresas vinculadas a Enrique Rodríguez, ex ministro porteño durante la gestión de Jorge Telerman; un estudio más complejo sobre los movimientos financieros y bancarios de las cuentas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, entre 2008 y 2011, y una pericia caligráfica sobre la firma de Hebe de Bonafini. Nada se hizo.
La causa también se trabó por los planteos de las defensas. La de Sergio Schoklender, por ejemplo, recurrió en todas las instancias posibles y hay un pedido de nulidad de formulado por los abogados del ex ministro de Planificación Julio De Vido que llegó hasta la Corte y obligó a enviar el expediente principal.
El escándalo de corrupción estalló en 2011, en plena campaña electoral. El ex juez Norberto Oyarbide apuntó a los Schoklender.
En agosto de 2013, la Cámara Federal decidió anular las actuaciones y apartar a Oyarbide.
Desde entonces, todo el expediente se concentró en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, que ya tenía una denuncia contra los funcionarios involucrados bajo estudio.
En mayo de 2017, De Giorgi procesó a los hermanos Schoklender, a Bonafini, al ex subsecretario de Obras Públicas de la Nación Abel Fatala, y al ex secretario de Obras Públicas José López, entre otras personas.
De Vido se sumó a la lista de procesados tiempo después y el listado de encausados se siguió ampliando con elevaciones parciales.
El mes pasado se sumó a la nómina Juan José Ferreyra, quien recibió un total de 72 cheques a su nombre, entre enero de 2010 y junio de 2011, por un monto total de $ 2.572.643.
Según se estableció, el programa “Sueños Compartidos” significó un desvío de más de $200 millones de los $750 millones destinados al plan de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En concreto, se desvió 23,54% de los fondos transferidos.
AGN
Según un informe que realizó la Auditoría General de la Nación (AGN), el centro de la estafa fue el descuento de los cheques oficiales en cuevas de la City para obtener efectivo. Parte del dinero terminó en cuentas de los Schoklender y sus allegados, en empresas agropecuarias, bursátiles y financieras.
También se comprobó un desvío “hormiga” a través de cheques de menos de 50.000 pesos.
Los investigadores constataron que no se realizaron licitaciones para adjudicar las obras y que se saltearon los controles estatales.
Cuando elevó la causa a debate, el juez del caso sostuvo: “En todos los casos en los que la Fundación Madres de Plaza de Mayo resulto beneficiaria de la construcción de viviendas sociales y centros sanitarios el procedimiento mediante el cual se formalizó su selección fue irregular, pues se le adjudicó la ejecución de las obras en forma directa, sin sustentación legal validad tanto en el orden nacional como en el ámbito provincial y/o municipal”.
2018
Hace casi cinco años, en mayo de 2018, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo por administración fraudulenta mediante el manejo irregular de fondos para la construcción de viviendas sociales.
Quedó incriminada como partícipe de la defraudación, por avalar el accionar de los Schoklender.
Poco antes de su muerte, en noviembre del año pasado, la titular de las Madres de Plaza de Mayo pidió que no se hiciera el juicio oral por el paso del tiempo.
