Rechazaron declarar inconstitucional la norma que reprime la violación de medidas sanitarias

Sin éxito, la abogada de los encausados alegó que el artículo 205 del Código Penal afecta el principio de legalidad, al dejar en manos del Ejecutivo la determinación de las conductas que permitirían desencadenar la acción punitiva

Los vocales de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, en su rol de jueces revisores, desestimaron un planteo de inconstitucionalidad del artículo 205 del Código Penal (CP), que reprime la violación de medidas tendientes a evitar la introducción y propagación de una epidemia, interpuesto por la defensa pública. [privado]

Lo hicieron en el marco de la audiencia de formalización de la investigación contra dos jóvenes por desobediencia sanitaria.

El rechazo fue instado por el titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, cuya posición en la discusión jurídica fue resaltada por los magistrados Santiago French, Ernesto Solá y Luis Rabbi Baldi Cabanillas, quienes también rechazaron sobreseer a los encausados Lucas Frisioni y Santiago Rovaletti.

Defensa

La defensa, a cargo de la letrada Ximena Colombres, alegó defectos propios de la llamada “ley penal en blanco”, apuntó a lo que definió como “una conducta discrecional y selectiva” por parte de la fiscalía y citó el principio de insignificancia.

El Ministerio Público Fiscal (MPF), por su parte, reseñó las experiencias durante audiencias por casos similares y la aplicación de las salidas alternativas que se adoptaron; entre ellas, la conciliación, una herramienta mediante la cual se logró resolver ocho causas.

Caso

Proveniente de la Justicia provincial, por incompetencia, el caso data del 24 de mayo pasado cuando, en un proceso de repatriación, Salta acordó con Frisioni su permanencia en aislamiento (cuarentena) en un hospedaje ubicado en la localidad de San Lorenzo.

Iniciada la medida sanitaria a costa del Estado, Frisioni, procedente de Buenos Aires, habría incurrido en varios incumplimientos sanitarios, lo que llevó al propietario del hospedaje a denunciar la situación.

“La única manera de salvaguardar la constitucionalidad de la norma sería a través de una ley dictada por el Congreso en la cual se dispongan las conductas pasibles de esa norma”, argumentó la defensa.

Ello derivó en una actuación de la fiscalía provincial de la jurisdicción, por desobediencia sanitaria.

Frisioni fue trasladado a otro alojamiento y se le impuso pagarlo. Pese a ello, las violaciones del aislamiento habrían proseguido e incluyeron a Rovaletti, quien fue confinado por tener contacto con el infractor y sometido a proceso.

Salida alternativa

En la audiencia, Toranzos precisó que en su momento se intentó solucionar el conflicto por medio de alguna salida alternativa, en función de lo establecido en el artículo 34 del Código Procesal Penal Federal, pero que los jóvenes alegaron que no había daño que reparar porque no les cabía ninguna responsabilidad.

El agente agregó la defensa buscó conciliar y que ofreció un acuerdo consistente en la realización de ocho horas de tareas comunitarias durante un mes, lo cual fue desestimado porque el promedio general de trabajo en supuestos así se extiende por un año.

Así, el expediente llegó a una audiencia de formalización ante la jueza federal de Garantías 2, Mariela Giménez.

El defensor oficial, Nicolás Escandar, planteó un recurso de inconstitucionalidad del artículo 205 y, consecuentemente, el sobreseimiento de sus asistidos, sin éxito.

Ello suscitó la impugnación y en esa instancia Colombres fundó la admisibilidad del recurso en un precedente de la misma sala, que admitió discutir una decisión no incluida en un fallo previo. De esta manera, introdujo el planteo subsidiario de sobreseimiento, el cual no había sido formalizado. Respecto a la inconstitucionalidad de la norma, en consonancia con los argumentos de Escandar, entendió que el artículo 205 del CP es una ley penal en blanco que violenta el principio de legalidad “al dejar en manos del Poder Ejecutivo la determinación de las conductas que posteriormente permitirían desencadenar la acción punitiva”.

Expuso que, al no contener la acción típica, no se sabe de qué manera se consuma la acción típica.

“La única manera de salvaguardar la constitucionalidad de la norma sería a través de una ley dictada por el Congreso en la cual se dispongan las conductas pasibles de esa norma”, argumentó.

También adujo que se afectó el principio de igualdad ante la ley, pues se avanzó sobre un hecho “absolutamente menor”, de “nula relevancia” y sin “consecuencias sanitarias”, y enfatizó que en casos de marchas, protestas y fiestas clandestinas no se concretó ninguna persecución penal.

Indicó que el fiscal no buscó aplicar el criterio de oportunidad, cuando en otros casos de escasa trascendencia sí lo hizo.

También destacó otros problemas de la norma penal cuestionada; entre ellos, “el mandato taxativo que deben tener las normas penales, la dificultad de conocimiento en materia de prohibición y la seguridad jurídica”. Por último, expresó: “Aun si este delito fuera de peligro, como dijo la jueza Giménez, la afectación del bien jurídico protegido siempre resulta graduable de alguna manera”.

El fiscal Toranzos valoró que el planteo defensivo no explicó el perjuicio concreto que habrían sufrido los encartados y recordó que se sometieron al protocolo sanitario de manera voluntaria. “Frisioni ingresa a la provincia y lo hace al consentir y acordar un protocolo de recepción, mientras que Rovaletti aparece rompiendo el mismo protocolo”, repasó.

Sobre el artículo 205, Toranzos reconoció que se trata de una norma en blanco pero estimó que se trata de “una técnica legislativa que requiere el orden para cubrir lo imprevisible”.

“Está claro que lo que se protege es la salud pública en el orden comunitario; se pretende una comprensión de ese bien jurídico no de una manera de resultado, pues no tengo que acreditar que hubo contagio, ya que aquí lo que se trata de evitar son conductas que puedan agravar el contagio. Se trata de un delito de peligro, en el cual la conducta está precisada en la desobediencia sanitaria”, abundó.

Respecto a cuál es la normativa que debería completar la norma en blanco, dijo que a partir de la Constitución Nacional de 1994 “se incorporaron los decretos de necesidad y urgencia, los cuales fijaron no sólo los límites del orden de ejecución sino también el procedimiento a seguir en ese orden de acción”.

“El artículo 205 no es una creación de una legislación ajena al tipo, sino que la conducta está descripta ahí; lo que sí está agregado o completado, en calidad de accesorio a la norma, son las pautas que deben cumplir para no infringir la norma”, afirmó el fiscal.

En otro tramo, Toranzos señaló que la conducta de los jóvenes no se podía “banalizar” ni “comparar con otras”, como las que ocurren en protestas. [/privado]