Rechazan por excesivas las condenas laborales dispuestas contra una pyme

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba entendió que en el fallo debieron morigerarse los rubros admitidos en la demanda contra la empresa accionada

Al confirmar que, aun cuando la empresa demandada era una pyme, correspondía pagar la indemnización por integración del mes de despido, ya que la trabajadora no fue desvinculada el último día del mes, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) admitió la casación de la accionada y revocó lo resuelto en cuanto a la multa del artículo 80 y el artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), así como el artículo 2 de la ley 25323, atento el carácter restrictivo de los mismos.

La demandada City Clear SRL se agravió por la condena a pagar haberes de un día, correspondiente a diciembre de 2014. Acusó que la trabajadora tuvo conocimiento de su despido a partir del día 29 de noviembre y, por consiguiente, no le correspondía el día de trabajo que reclamaba. De igual modo, se quejó por la procedencia de la integración del mes de despido, afirmando que el artículo 95 de la ley 24467 la elimina para las pymes.

En igual sentido, reprochó que se la condenara a abonar la multa del artículo 80 LCT, atento a que no medió renuencia, y denunció que se interpretó erróneamente el artículo 2 de la ley 25323, solicitando su rechazo en función de la conducta asumida por la empresa.

Resistencia

E l Alto Cuerpo, integrado por Mercedes Blanc de Arabel, Luis Enrique Rubio y Luis Eugenio Angulo, sopesó la resistencia del impugnante a aceptar la valoración que llevó al tribunal a resolver del modo en que lo hizo; es decir, la procedencia de la pretensión de percibir el importe de la integración del mes de despido y haberes antes apuntado.

El fallo sostuvo que, determinado que el contrato se extinguió el 1 de diciembre de 2014, la mentada indemnización correspondiente es la de una suma igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes, destacando que se debe la remuneración al trabajador aunque no haya prestado servicios, por el solo hecho de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición del empleador.

El TSJ añadió que lo manifestado con relación al artículo 95 de la ley 24467 tampoco modifica el resultado en este aspecto, por cuanto, más allá de la discusión acerca de si corresponde dicha integración en las pymes, lo cierto y definitivo es que el impugnante no demuestra que la decisión al respecto resulte arbitraria, pues para beneficiarse del régimen especial que invoca resultaba imprescindible acreditar las condiciones establecidas en la norma de que se trata -artículo 2, ley 24467, modificado por el artículo 6 de la ley 27444, lo que no ocurrió en el sub examen-.

Términos

El Alto Cuerpo observó que no ocurre lo propio con relación a la condena a abonar la sanción del artículo 80 LCT, por cuanto los términos del pronunciamiento y las constancias de autos mostraron que no medió renuencia patronal en la entrega de la documentación laboral, ya que, al tiempo de la audiencia de conciliación, la empleadora la puso a disposición.

En ese sentido, se remarcó que, conforme a su teleología, no se verificó la conducta patronal que pudiera dar sentido a esta sanción, de interpretación restrictiva.

Además, el fallo indicó que lo mismo acontece con la aplicación de la sanción conminatoria regulada en el artículo 132 bis, al señalar que la a quo mencionó que se acreditó tanto la intimación oportuna como la retención sindicada, no respecto de los aportes al sistema de la seguridad social sino de las contribuciones sindicales retenidas pero no ingresadas.

Al respecto, el TSJ recordó que se ha pronunciado en reiteradas oportunidades en orden a que la sanción de que se trata debe interpretarse con criterio restrictivo y que su imposición debe sustentarse en los principios de razonabilidad y proporcionalidad que rigen las decisiones judiciales.

Inválida

Con base en ello, los vocales derivaron que en la causa también resultó inválida por excesiva la condena al pago del monto, previsto sin vinculación alguna con los importes retenidos y no ingresados por la empleadora.

Finalmente, el TSJ consideró que el planteo dirigido a cuestionar la procedencia del artículo 2 de la ley 25323 también era de recibo, sosteniendo que los particulares sucesos que rodearon la desvinculación de la actora -pago de la indemnización por despido y preaviso- le dieron complejidad a la cuestión y dispensan la conducta adoptada por el empleador, quien razonablemente pudo considerarse con derecho a litigar, infiriendo de ello que el a quo debió aplicar el supuesto previsto en el último párrafo de la ley.

En definitiva, en el fallo se resolvió que debía rechazarse la demanda en cuanto pretende el pago de la multa del artículo 80 LCT, la sanción conminatoria del artículo 132 bis y la dispuesta en el artículo 2 de la ley 25323.