ESCUCHARPara el Tribunal Oral Federal Nº 2, los peritajes que aún están inconclusos pueden incorporarse a lo largo del debate. Los jueces también rechazaron el pedido de girar la causa a Río Gallegos
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) rechazó por unanimidad ayer los pedidos formulados por la ex presidenta Cristina Fernández, los cuales, de haber sido aceptados, habrían retrasado el inicio del primer juicio oral en su contra en una causa por corrupción. La defensa de la actual senadora había requerido la suspensión de esta etapa por no haberse concluido la instrucción preliminar (ya que aún no finalizó un peritaje pedido por ella) y que el expediente quedara radicado en Santa Cruz. Nada de esto fue concedido y el 26 de febrero comenzará el primer juicio oral en su contra.
A criterio del TOF 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara, el juicio está en condiciones de iniciarse ya que la documentación y el resultado final del peritaje pueden incorporarse más adelante.
Cristina llega acusada de haber favorecido a Lázaro Báez con contratos viales por $46.000 millones. También estarán sentados en el banquillo de los acusados Julio de Vido, José López, Carlos Kirchner (los tres presos) y Nelson Periotti, entre otros.
El TOF 2, además, rechazó el pedido de la ex presidenta para que el Tribunal se declare incompetente frente a esta causa y que “remita el expediente al Juzgado de Instrucción 3 de Río Gallegos”, al considerar que los hechos investigados se cometieron en otra jurisdicción: Santa Cruz.
La acusación
El juicio tiene 16 imputados y contará con 138 testigos. Tendrá dos audiencias semanales, los martes y miércoles. Se estima que demandará más de un año.
Cristina está acusada de direccionar la obra pública vial en favor de Lázaro Báez. A criterio de la Cámara Federal porteña, esta “apropiación de fondos públicos” es el delito precedente de otras causas por lavado de dinero y dádivas en las que es investigada la exfamilia presidencial. Es decir: parte de esos fondos de la obra pública “se derivaron al patrimonio de los ex presidentes a través del alquiler de los hoteles y de inmuebles”.
La Justicia determinó durante la instrucción, a cargo del juez Julián Ercolini, que existió una “estructura delictiva” que permitió al Grupo Austral “cobrar antes del vencimiento, más rápido que cualquier otra contratista y la totalidad de los certificados pendientes de pago”.
Asimismo, recibió “sobreprecios del 65% y la mitad de las obras no se terminaron”. Estos movimientos de dinero posibilitaron que el patrimonio de Lázaro Báez, preso por lavado de dinero desde 2016, se incrementara 12.127%, y el de Austral Construcciones 45.313%, tan sólo en diez años.
