ESCUCHARLa Cámara 7ª no hizo lugar a los requerimientos de su defensa. Hoy se espera que declare
el abogado Marcos Juárez. La próxima semana lo hará el ex fiscal, quien reiteró su inocencia
El juicio al ex fiscal Roberto Matheu continuó ayer en la Cámara 7ª del Crimen de la ciudad de Córdoba luego de que el tribunal que preside Víctor Vélez e integran los jueces Ricardo Iriarte y Juan Ugarte resolvió rechazar los planteos de nulidad que había interpuesto en el inicio del debate oral el defensor de Matheu, Alejandro Zeverín.
Como es de rigor, el acusado hizo uso de la palabra para revelar sus condiciones personales y ya adelantó que prestará declaración ante el Tribunal -que también está compuesto por jurados populares-. Se estima que ello ocurrirá la próxima semana, habida cuenta de que hoy también declarará el otro imputado, el abogado Marcos Juárez. Según explicó a Comercio y Justicia el presidente del Tribunal, dicho acto se extenderá varias horas, con lo cual la declaración de Matheu se postergaría para la semana próxima.
Como ya lo ha dicho en varias oportunidades y adelantó también el abogado del ex fiscal, Matheu se declará inocente y acusará a la jueza Ana Lucero Lucero Offredi de ser quien inició esta causa para perjudicarlo y vengarse de él porque la había investigado antes. Las internas judiciales y políticas son los motivos que lo llevaron a estar hoy sentado en el banquilo de los acusados, según asegura el ex funcionario judicial.
Silencio
El tercer acusado de este proceso es el abogado Carlos Morelli, quien no hará uso de su derecho a declarar, al menos al inicio de este juicio oral.
Por el momento, las audiencias se desarrollan dos días a la semana, martes y miércoles. De no mediar inconvenientes, el miércoles próximo ya podrá comenzar la ronda de testigos, que incluye a varios empleados del Poder Judicial.
El proceso contra Matheu data del año 2003, en el medio fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y allí perdió su condición de fiscal. Teniendo en cuenta que los hechos que se le enrostran fueron cometidos mientras era funcionario, enfrenta la posibilidad de ser condenado a prisión efectiva.
Según consta en la acusación, en 2003, en el marco de la investigación por el secuestro de Federico Ariente, se conocieron escuchas telefónicas en las que se descubrieron irregularidades en el desempeño del representante del Ministerio Público. De las grabaciones surgió que éste habría recibido dos mil pesos que le prometió el abogado Morelli a cambio de que liberara a personas que habían sido detenidas en flagrancia e imputadas por encubrimiento. Paralelamente, habría aceptado una oferta de dinero a cambio de disponer la devolución de un rodado cuyo secuestro había ordenado.
