Rechazan otorgar la prisión domiciliaria a Lázaro Báez

LÁZARO BÁEZ

Suman ocho los detenidos en causas por corrupción que pidieron en estos días su excarcelación o prisiones domiciliarias, por temor al coronavirus.

Los pedidos fueron formulados ante los diferentes tribunales federales de Comodoro Py, donde muchos de los acusados están siendo juzgados.
El Tribunal Oral Federal 4 rechazó ayer otorgar la prisión domiciliaria al empresario Lázaro Báez, quien la había solicitado ante el riesgo de contraer coronavirus en prisión.

Los jueces Guillermo Costabel, Jorge Gorini y Daniel Obligado rechazaron sus planteos y ordenaron que se le hagan estudios médicos. Así, el empresario seguirá en la cárcel de
Ezeiza, donde se encuentra desde abril de 2016.

La defensa de Báez solicitó su excarcelación o su prisión domiciliaria a cumplir en una vivienda de la localidad bonaerense de Del Viso, por la pandemia del coronavirus. Sostuvo que un posible contagio podría agravar su condición ya que está dentro del grupo de riesgo por su edad –64
años– y por su estado de salud con enfermedades de base como diabetes, presión alta y arritmia.

Sobre la excarcelación, el tribunal sostuvo que la defensa no planteó ninguna situación novedosa que imponga una nueva evaluación de su detención. Los jueces señalaron que reiteró los mismos argumentos para pedir su libertad que ya habían sido rechazados en diciembre y enero pasados.

Los magistrados señalaron que la única circunstancia novedosa introducida por la defensa fue la emergencia sanitaria por el coronavirus. “Corresponde en primer lugar indicar que ello no comprende ninguno de los supuestos que posibilitan el otorgamiento automático de la excarcelación ni la parte lo encuadró normativamente”, afirmaron Costabel, Gorini y Obligado.

El tribunal ordenó con “carácter urgente” al Cuerpo Médico Forense una junta para analizar al cuadro de salud de Báez y que responda si ese estado amerita un “tratamiento especial extramuros” o si la cárcel puede agravar sus patologías. También les pidió a los médicos que informen
si la detención domiciliaria podría mejorar su estado y si es un paciente de riesgo ante el coronavirus.

El rechazo de la prisión domiciliaria puede ser apelado por la defensa para que la revise la Cámara Federal de Casación Penal.
El fiscal del caso, Abel Córdoba también se había negado a la prisión domiciliaria del empresario. Sostuvo que el riesgo de contagio del virus que alegó la defensa de Báez es “en abstracto” y que hasta el momento no hubo casos confirmados ni sospechosos de contagio en las cárceles.

La defensa de Báez hizo el pedido de libertad y detención domiciliaria en la segunda causa de lavado en la que está preso. Es por la consultora «M&P”, con la cual Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez, supuestamente emitió facturas por servicios que -cabe la posibilidad- no
se realizaron.
En esa causa, el fiscal Guillermo Marijuan dictaminó por rechazar la libertad pero sí por otorgarle la prisión domiciliaria. El fiscal explicó que el Servicio Penitenciario Federal informó que Báez está bajo tratamiento y dentro del protocolo de emergencia pero entendió que por “la coyuntura extraordinaria mundial” y por la salud de Báez es “una de las personas que resultan incluidas en la población de riesgo a preservar especialmente frente al contagio del virus”.

Evaluación de caso por caso

El procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, afirmó que frente a la pandemia del coronavirus hay que evaluar las prisiones domiciliarias para presos en grupos de riesgo, pero aclaró que hay delitos que, por su gravedad, no ameritan ni justifican adoptar esa medida. El funcionario bonaerense explicó que el ministro de Justicia de la Provincia, Julio Alak, convocó a una mesa interinstitucional de evaluación y seguimiento de l”estado carcelario» y que
se adoptaron medidas para “intentar la reducción” de la cantidad de personas detenidas, considerando las situaciones del caso y con la evaluación de las distintas situaciones procesales.

«Hay muchas personas que cumplen pena privativa de la libertad, quienes han cometido delitos que no ameritan ni justifican adoptar estas medidas, por la gravedad de aquéllos. De modo que lo que hacen nuestros fiscales y defensores es evaluar cada caso», indicó.

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