Rechazan indemnizar a empleado municipal por cesantía anulada

El dependiente pretendía ser resarcido por los supuestos daños materiales que le había ocasionado el tiempo que dejó de percibir haberes, desde que fue sancionado hasta que la Justicia ordenó su reincorporación

Al advertir de que los daños materiales reclamados en el fuero Civil, supuestamente derivados de la anulación de la cesantía del demandante dispuesta por la Municipalidad de Río Tercero , equivalían a los salarios caídos durante el tiempo que estuvo despedido y habían sido rechazados en el fuero Contencioso-administrativo, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba admitió la existencia de cosa juzgada y reiteró el rechazo del planteo.

La Municipalidad afirmó que la indemnización del hecho lesivo invocado por el accionante -la cesantía anulada- ya había sido rechazada, por lo que la demanda civil era inviable y lesiva de derechos adquiridos, por cuanto la causa de los daños reclamados tiene el mismo origen en ambos pleitos.

Al analizar la cuestión, el Alto Cuerpo integrado por Marta Cáceres, Domingo Juan Sesin y Luis Eugenio Angulo observó que se tornaba necesaria la compulsa de los presentes autos y las constancias obrantes en la causa contencioso-administrativa.

Relevancia

En esa tarea se advirtió de que adquiría notoria relevancia práctica destacar que, a la par de lo anteriormente expresado, el accionante pretendió conjuntamente que se condenara a la demandada a pagar los salarios caídos con más sus intereses desde que cada obligación se tornó exigible, así como a que reconociera el tiempo transcurrido a los fines del cómputo de la antigüedad y los ascensos respectivos hasta su reincorporación.

El TSJ recordó que, al resolver la contienda planteada en dichos términos, la cámara contencioso-administrativa hizo lugar parcialmente a la demanda y declaró procedente exclusivamente la pretensión concerniente a la nulidad de los decretos de que se trata y la consecuente reincorporación del actor.

Así, observó que, vencido el plazo pertinente sin que las partes hubieran recurrido tal decisión, el demandante promovió otra demanda civil contra la Municipalidad, en la cual reclamó la indemnización de los perjuicios derivados de la cesantía -dispuesta en el decreto N° 885/2012, anulado en el proceso anterior-, a cuyo fin estimó el presunto daño material ocasionado en el monto equivalente a los haberes líquidos que le hubiera correspondido cobrar durante el período en que estuvo separado de su cargo.

Antecedentes

Sobre la base de los antecedentes reseñados, los vocales infirieron que en la sentencia dictada en el proceso contencioso-administrativo quedó definitivamente resuelto lo que constituye materia del nuevo juicio civil, promovido con posterioridad.

En ese sentido, destacaron que, tras dirimir la cuestión contencioso-administrativa en torno a la cesantía y el restablecimiento en el cargo del actor, la propia cámara se ocupó expresamente de desestimar la pretensión accesoria dirigida a obtener la reparación de las consecuencias pecuniarias que, desde la particular perspectiva del interesado, emergieron de los actos administrativos cuya previa anulación se perseguía.

Asimismo, el TSJ destacó que se trata en sí de la misma situación de hecho resuelta anteriormente, y añadió que existe identidad de objeto entre ambas pretensiones, al expresar que el objeto mediato o cosa demandada consiste indistintamente en el cobro de una suma de dinero que compense los supuestos daños provocados por la ruptura del vínculo jurídico preexistente.

Estimación

A su vez, el fallo recordó que los daños materiales reclamados en la presente causa fueron estimados tomando los haberes líquidos dejados de percibir por el actor en los meses de agosto de 2012 a mayo de 2015, con motivo de la cesantía otrora dispuesta por Poder Ejecutivo Municipal, lo que implica en la práctica pretender, una vez más, el reconocimiento de los mentados salarios caídos.

En consecuencia, de lo expuesto se derivó que la sentencia firme recaída en el juicio contencioso-administrativo constituyó la finalización de un proceso de conocimiento por el cual se rechazó la pretensión resarcitoria allí esgrimida y, como tal, entrañó un pronunciamiento adverso que no puede ser revisado por la vía intentada con el implícito propósito de suplir omisiones, sin riesgo de afectar la seguridad jurídica.

En definitiva, en el fallo se resolvió admitir la casación presentada por la parte demandada y revocar así la sentencia que había hecho lugar a la demanda de daños y perjuicios.