El gremio de judiciales de Córdoba declaró el estado de alerta y movilización en reclamo de la reapertura de nuevas unidades judiciales, que habían dejado de funcionar habida cuenta de las malas condiciones sanitarias de sus instalaciones.
Romina Martínez, representante gremial del sector y miembro de comisión directiva de AGEPJ explicó que vienen reclamando constantemente por las condiciones en las deben trabajar los empleados. En este sentido, consideró que la decisión de la Fiscalía General “constituye un atropello y adelantó que al mínimo incumplimiento de protocolos de bioseguridad, falta de insumos o deficientes condiciones edilicias dispondrán retención de tareas”
En el mismo sentido, el Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que su preocupación por la decisión del flamante fiscal General Juan Manuel Delgado: “Abren tres nuevas unidades judiciales más, como si no estuviéramos inmersos en la segunda ola de covid y van a tener que cerrar otras completas cuando haya un brote porque el personal es totalmente insuficiente y se ha abandonado la rotación como medio para compartimentar al personal y evitar la propagación del contagio.”