Fueron archivados los pedidos de juicio político contra los camaristas Marcelo López Alfonsín, Laura Perugini y Nieves Machiavelli, quienes integran la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso-administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteña
Por siete votos contra dos, el Consejo de la Magistratura porteño archivó los pedidos de juicio político presentados en contra de los tres camaristas que habilitaron las clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); es decir, fallaron en contra del tenor del DNU que suscribió el presidente Alberto Fernández.
Se trata de Marcelo López Alfonsín, Laura Perugini y Nieves Machiavelli, integrantes de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso-administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteña.
En el consejo se tramitaron tres pedidos de juicio político. Uno de ellos llevaba la firma de 15 de los 17 legisladores del Frente de Todos y acusaba a los jueces de firmar un fallo “arbitrario y temerario, e incapaz de resistir el menor test de constitucionalidad y de razonabilidad”.
También destacaron la celeridad con la que resolvieron los jueces.
Las otras dos denuncias las promovió Hernán Mirasole, titular de la Asociación Civil Nace un Derecho, y Federico Paruolo, vicepresidente del Grupo de Litigio Estratégico Asociación Civil (GLE).
En el consejo se tramitaron tres pedidos de juicio político. Uno de ellos llevaba la firma de 15 de los 17 legisladores del Frente de Todos y acusaba a los jueces de firmar un fallo “arbitrario y temerario, e incapaz de resistir el menor test de constitucionalidad y de razonabilidad”.
A cuatro meses del dictado del fallo de la Cámara favorable a la pretensión del Gobierno de la CABA, la Comisión de Acusación, presidida por Ana Florencia Salvatelli, no firmó un solo dictamen impulsando el jury.
En el plenario de ayer, la consejera Julia Correa, representante de los jueces, votó por el archivo.
“Se debe sostener el temperamento adoptado en el expediente López Vergara”, puntualizó, valorando que las denuncias sólo cuestionaban el contenido de la sentencia. “No corresponde someter a los magistrados a juicio político por sus resoluciones judiciales”, agregó.
El juez Gonzalo Rua también votó a favor del archivo por el vencimiento del plazo para la acusación y destacó que ya se habían cerrado las denuncias penales que tramitaban contra los camaristas en el fuero federal. “El sobreseimiento del resto de las causas penales nos pone en una situación mejor para resolver”, arguyó.
El archivo de las denuncias también fue votado por los consejeros Alberto Maques, Francisco Quintana, Alberto Biglieri, Fabiana Schafrik y Juan Pablo Zanetta.
Salvatelli y Anabella Hers Cabral votaron en contra del archivo y opinaron que el tema tenía que volver a la Comisión de Disciplina.
En su momento, los sentenciantes concluyeron que el DNU dictado por Alberto Fernádez “vulneraría en forma directa la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su poder de policía, respecto de materias específicamente locales, como es el derecho a la educación”.
Paralelamente, establecieron que todo lo atinente a la prestación de la educación inicial, primaria y secundaria en el ámbito jurisdiccional de la CABA es competencia netamente local, cuya regulación le compete a su Gobierno y no al Estado nacional.
