Ratificaron que colegio privado responde por acoso a un alumno

La Cámara Segunda en lo Civil y Comercial de La Plata culpó al centro educativo religioso por la configuración del bullying. Concluyó que las estrategias que implementó para afrontar el problema resultaron “absolutamente insuficientes”

La Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata ratificó la responsabilidad de un establecimiento educativo religioso por la configuración de acoso escolar -o bullying- y lo condenó a resarcir los daños y perjuicios que se generaron por su incumplimiento contractual.

Concluyó que lo sufrido por el hijo de los accionantes se debió a que las estrategias que la institución puso en marcha para afrontar un fenómeno de tal gravedad resultaron “absolutamente insuficientes”.

“De toda la prueba aportada a la causa surge que efectivamente el niño fue víctima de intimidaciones y agresiones físicas y psicológicas en forma reiterada por parte de uno de sus compañeros de aula dentro del ámbito del colegio demandado”, enfatizó.

El tribunal indicó que los ataques persistentes en el tiempo que sufrió la víctima le causaron daño, temor y tristeza, y aclaró que las circunstancias alegadas por la accionada relativas a la fecha cuando comenzaron aquellas prácticas intimidatorias y violentas no modificaban la configuración del acoso.

En ese sentido, resaltó que durante el proceso se probó una serie de actos concatenados, no aislados, llevados a cabo por el mismo infante.

“De los cuadernos de comunicaciones, actas y testigos declarantes en esta causa, se tiene por acreditado que el bullying del que fue víctima el menor sucedió desde el inicio de la escuela primaria y hasta sexto grado”, precisó.

Deber

“Si al celebrarse el contrato de enseñanza no se contempla el deber de resguardar la integridad física, psíquica o moral del alumno, ello se traduciría en una actitud desaprensiva de quien tiene a su cargo un establecimiento educativo, pues no sólo tiene el deber genérico de no dañar sino el específico y preexistente de adoptar las medidas de prevención, cuidado y vigilancia para preservar a los alumnos de los daños que puedan producirse durante la ejecución del contrato, cuyo desarrollo evidentemente comporta riesgos”, explicó la alzada.

En otro tramo de su decisorio, puntualizó que “no basta con llamados de atención, reflexiones, rezos e invocaciones a Dios”, y estimó que, si bien se trata de “actividades y recursos válidos y valorables”, no son aptos como únicas intervenciones para abordar el conflicto.

“La institución educativa es sin dudas la principal en este caso, pero de ningún modo la única responsable en la producción de este tipo de flagelos, pues todos -alumnos, padres, escuela, instituciones intermedias- son parte integrante del conflicto y, por lo tanto, se requiere de una intervención eficaz y el involucramiento de todos ellos para su solución”.

(Del fallo de la Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata).

“Se juzgan como insuficientes los recursos y estrategias utilizados por el colegio demandado para afrontar un fenómeno de tal gravedad e inserción, como lo es el bullying, pues a partir de lo declarado por los testigos, el colegio no contaba al momento de los hechos con un protocolo de actuación ante sospechas, no realizaba cursos ni capacitaciones sobre la temática ni contaba con gabinete ni consultas profesionales”, destacó.

Asimismo, tomó en cuenta que la accionada no hizo la correspondiente denuncia ante los superiores jerárquicos cuando tomó conocimiento de los hechos ni hizo referencia a la existencia de un pacto de convivencia , tal como lo requiere la ley bonaerense 14750.

“Es necesario que la escuela se comprometa genuinamente con las realidades de su comunidad, trabajando cotidianamente con los conflictos emergentes, resultando ineludible que pueda verlos, escucharlos, reconocerlos y, especialmente darles un lugar”, añadió.

Bajo esa premisa, concluyó que negar, ocultar o ignorar los conflictos no detiene la violencia sino que la potencia, naturaliza y legitima.

“La institución educativa es sin dudas la principal en este caso, pero de ningún modo la única responsable en la producción de este tipo de flagelos, pues todos -alumnos, padres, escuela, instituciones intermedias- son parte integrante del conflicto y, por lo tanto, se requiere de una intervención eficaz y el involucramiento de todos ellos para su solución”, añadió.

En ese sentido, aclaró que el hecho de que los padres del niño afectado hayan tenido una “reacción parsimoniosa e insuficiente ante la detección del bullying” y que los del agresor “no se hayan comprometido a abordar los problemas de su hijo” no puede traducirse en un eximente de la responsabilidad del colegio en donde se produjeron los daños.

“Se aprecia un reduccionismo del demandado al sostener que los progenitores podrían haber cambiado a su hijo del colegio, dado que esto no erradica el acoso y los actos violentos, ya que dichas medidas no contienen al agresor y los sujetos coadyuvantes”, destacó.

La cámara sostuvo que razonar de ese modo implica considerar que “el provocador de los actos de violencia y hostigamiento es la propia víctima” y que si ella “desaparece” el agresor no ejercitará más acciones perjudiciales, lo que evidencia la falta de compresión cabal de fenómeno y su dinámica.

“El rol activo, la intervención eficaz y la actuación fluida se requiere del centro educativo que presta un servicio esencial del Estado, de modo directo (colegios de gestión pública) o delegado (colegios de gestión privada)”, acotó.