Ratificaron el sobreseimiento de dos cultivadores de cannabis

Sin éxito, el fiscal planteó que, pese a que el destino de las plantas era medicinal, los imputados sabían que su accionar era ilegal y que asumieron el riesgo de ir presos porque ninguno realizó intento alguno en pos de regularizar la situación

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) ratificó el sobreseimiento de dos personas que cultivaban cannabis con fines medicinales.

Lo hizo al rechazar el recurso que promovió la fiscalía en contra del fallo que desestimó criminalizar a los imputados por el delito de siembra o cultivo de plantas y guarda de semillas utilizables para la producción de estupefacientes.

A su turno, sin éxito, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) alegó que, si bien ambos encausados declararon que deseaban elaborar aceite de cannabis por su función medicinal, eran conscientes de que no tenían autorización para sembrar, cultivar y guardar semillas de plantas de marihuana.

“No debe soslayarse que una infinidad de sustancias y fármacos legales son susceptibles de producir dependencia física o psíquica -por caso, alcohol, tabaco, ansiolíticos, antidepresivos, entre tantos otros-, y lo que los mantiene en su status legal es la valoración social que pesa sobre ellos y, en definitiva, la inclusión formal en los listados respectivos por parte del Estado”.

(Del fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal).

También planteó que sabían que su accionar era ilegal y que asumieron el riesgo de ir presos porque ninguno realizó intento alguno en pos de regularizar la situación.

Además, el fiscal arguyó que “no sería su primer cultivo, aunque sí sería la primera vez que harían aceite”, por lo que estimó que cabía preguntarse qué destino tuvieron las anteriores plantaciones.

Sin embargo, la CFCP, con los votos de los jueces Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña, entendió que si bien las acciones de sembrar y/o cultivar cannabis no fueron desincriminadas, toda vez que siguen encontrándose tipificadas por el inciso “a” del artículo 5 de la ley 23737, mediante la sanción del decreto 883/20 el Poder Ejecutivo nacional “emitió una autorización” para que aquellas conductas puedan ser tenidas “por ciertas personas, en determinadas circunstancias, a los fines de obtener aceite de cannabis para uso medicinal”.

Bajo esa premisa, entendió que los imputados no pusieron en riesgo la salud pública sino que obraron para su resguardo por medio del acto de autoprocurarse (para sí y para familiares) aceite de cannabis.

“No debe soslayarse que una infinidad de sustancias y fármacos legales son susceptibles de producir dependencia física o psíquica -por caso, alcohol, tabaco, ansiolíticos, antidepresivos, entre tantos otros-, y lo que los mantiene en su status legal es la valoración social que pesa sobre ellos y, en definitiva, la inclusión formal en los listados respectivos por parte del Estado”, afirmó también.

En esa línea, concluyó que en el caso debía meritarse lo que ocurre en la actualidad en aquellas órbitas (valoración social y política del Estado) con relación a la sustancia por cuya ultrafinalidad de producción fueron incriminados los cultivadores; es decir, el aceite de cannabis para uso medicinal.

La Casación enfatizó que el Estado nacional, receptando un cambio previo en la valoración social, tomó “el rumbo inequívoco” de concebir el aceite de cannabis y los derivados de la marihuana en general como una sustancia de uso terapéutico, desechando su consideración como estupefaciente cuando se utiliza con aquel fin.

“Resulta indudable que el derecho a la salud constituye un derecho humano, con tutela constitucional y convencional, por lo que se impone el deber de garantía al Estado, y su ejercicio por los particulares se encuentra dentro del ámbito de protección de dicha garantía”, añadió.