Ratifican validez del cobro de impuestos inmobiliarios provinciales a sindicatos

La federación de trabajadores de la sanidad pretendía que la DGR no la ejecutara por los tributos adeudados. La sentencia desestimó declarar inconstitucional la norma que habilita al Fisco a ejecutar [privado]

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) rechazó el recurso planteado por Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa), mediante el cual pretendía que se declarara la inconstitucionalidad de la norma que le permite a la accionante Dirección General de Rentas (DGR) reclamar las deudas generadas por la falta de pago del impuesto inmobiliario provincial, al no haber adherido la Provincia a la norma nacional que invita a generar exenciones impositivas a los sindicatos. Fatsa resistió la demanda por cobro administrativo del tributo antes referido e incoado por la DGR, entendiendo que la norma que habilita el título en ejecución es inconstitucional (artículo 170, inciso 2° del Código Tributario Provincial).

A juicio del órgano jurisdiccional de alzada, la ausencia de adhesión por parte de la Provincia de Córdoba al régimen nacional reglado en el artículo 39 de la ley 23551, torna inaplicable al caso la exención automática allí reglada respecto del impuesto inmobiliario local sobre los bienes de la asociación sindical.

En esa dirección, la accionada adujo que la regulación local menoscaba y obstaculiza el ejercicio de los derechos a la libertad sindical, garantizados por la ley general 23551, que establece beneficios para afiliados y sus familias, los cuales serán detraídos y acotados al imponerles el cobro del impuesto inmobiliario, ignorando la vigencia y el verdadero alcance del artículo 39 de la ley nacional referenciada.

Exención

Frente a ese marco controversial, el alto cuerpo -integrado por María Marta Cáceres de Bollati, Domingo Juan Sesin y Luis Eugenio Martín Rubio -, al analizar la situación, indicó que la cámara concluyó que si la Provincia de Córdoba no adhirió al régimen de exención en el orden nacional, tal como invita el artículo 39 de la ley anteriormente mencionada, la exención subjetiva -en los términos en que fue consagrada por el legislador nacional- carecía de operatividad con relación a un tributo de estricto orden local.

En ese sentido, el fallo sostuvo que, a juicio del órgano jurisdiccional de alzada, la ausencia de adhesión por parte de la Provincia de Córdoba al régimen nacional reglado en el artículo 39 de la ley 23551, torna inaplicable al caso la exención automática allí reglada respecto del impuesto inmobiliario local sobre los bienes de la asociación sindical.

De la síntesis formulada, el TSJ derivó que se desprende nítido que la decisión de no considerar amparada a la ejecutada por la exención subjetiva que contempla el artículo 39 de la ley nacional 23551 “no reconoció asiento motivacional en la descalificación constitucional de la legislación en cuestión ni de la normativa local sino -antes bien- en su inaplicabilidad al caso particular, argumento éste que vino a relevar a los sentenciantes de emitir pronunciamiento en torno de la adecuación constitucional de la normativa involucrada y -por ende- evidencia la inexistencia de juzgamiento constitucional”.

Advertencia

Por lo demás, el Alto Cuerpo advirtió que no debe olvidarse que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional y, por tanto, “ha de ser considerada como la última ratio del orden jurídico, razón por la cual resulta inadmisible que puedan existir pronunciamientos ‘implícitos’ sobre sobre la cuestión constitucional”.

A mérito de las consideraciones formuladas, en el fallo se resolvió que correspondía declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

Autos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina - Ejecutivo Fiscal - Recurso de Inconstitucionalidad” Expte. N° 6075305