Ratifican que universidad pagará multa por no brindar información clara

El tribunal enfatizó que la calidad de estudiante no implica que el denunciante no sea usuario y ratificó que la institución no aportó datos ciertos, claros y detallados acerca de la carrera en la que estaba inscripto

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo Federal confirmó que la Fundación Universidad Empresarial Siglo 21 (FUES 21) infringió el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) y que deberá pagar una multa de 30 mil pesos.[privado]

El tribunal ratificó que la institución no le brindó al denunciante información cierta, clara y detallada acerca del plan de estudios de la carrera en la que estaba inscripto (Licenciatura en informática).

“No pueden prosperar los agravios referentes a la inaplicabilidad a la presente causa de la ley 24240, pues la calificación de alumno que se asigna al denunciante, más allá de cuál sería el alcance que quepa darle bajo otros ordenamientos, no es susceptible de ser válidamente invocada a los efectos de negarle su calidad de usuario, ni puede ser tampoco construida como excluyente de ésta a los efectos de merecer la protección de la Ley de Defensa del Consumidor y sus reglamentos”, aclaró el sentenciante, precisando que lo contrario implicaría no sólo distorsionar la realidad del conflicto sino además soslayar de modo inválido la aplicación de normas de orden público.

“Tal como se desprende de lo estipulado en los artículos 2 y 3 de la ley 24240, la relación de consumo es el vínculo jurídico que existe entre el proveedor (persona física o jurídica de naturaleza pública o privada que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios) y el usuario o consumidor (persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social). Como puede verse, la definición de proveedor está definida de modo amplio y abarcativo, a fin de cubrir una vasta gama de sujetos”, resaltó.

En esa línea, la Cámara indicó que las exclusiones previstas por la ley 24240 son limitadas y precisas y que nada obsta a considerar que casas de estudios como la recurrente queden alcanzadas por el sistema de tutela de usuarios y consumidores, siendo pasibles de reproche frente a la transgresión de sus disposiciones.

“En definitiva, no debe olvidarse que el bloque que conforma la defensa de los derechos de usuarios y consumidores que se extienden por vía del artículo 42 de la Constitución Nacional, protegen los intereses económicos de la parte más débil de una relación jurídica en la provisión de un servicio que, en este caso, es el alumno cursante”, enfatizó.

“Las disposiciones se enmarcan dentro de un sistema global de normas, principios, instituciones e instrumentos de implementación por medio del cual el Estado busca direccionar el actuar de los agentes económicos, con el propósito de tutelar los derechos de los usuarios y consumidores, recomponiendo el equilibrio que debe existir en todos los vínculos entre afectados por las situaciones abusivas que se presentan en la vida cotidiana, así como la relación entre los mismos comerciantes, que compiten entre sí”, acotó la juzgadora.

“La finalidad que se persigue con este esquema tuitivo consiste en permitir que el consentimiento que presta el usuario al contratar por un producto o servicio haya sido formado reflexivamente, pues a la hora de contratar la posición jurídica del oferente es claramente privilegiada respecto de la del consumidor, por su conocimiento de la materia objeto del contrato”, señaló finalmente.

Materias

A su turno, el denunciante expuso que a comienzos de 2011 se inscribió en la carrera de Licenciatura en informática de la FUES 21, con cursado virtual, y que en las condiciones de ingreso figuraban explícitamente las materias que se le reconocían y las que debía cursar.

Asimismo, manifestó que se le informó que debía rendir dos exámenes integradores (denominados EFIP y EFIP 2), para obtener los títulos de pregrado y de la licenciatura.

El reclamante puntualizó que cursó en función de un plan de estudio de 46 materias y que cuando le faltaba rendir la última evaluación y defender el trabajo final de graduación, la fundación le informó que no iba a poder graduarse en el título al que aspiraba; ello así, debido a que consideraba que el cursante adeudaba créditos de las asignaturas electivas.

Recurrente

Al analizar el recurso de la universidad, el tribunal enfatizó que no aportó elemento de convicción alguno para controvertir la materialidad de la secuencia fáctica de la que tomó nota la autoridad administrativa interviniente al dictar la resolución que impugnó. “Lo que parece deducirse de los planteos, contrastados con el marco fáctico de la litis, es que la controversia se encarrila por discrepancias de jure (no de facto) que son, justamente, las que imponen un modo particular de ponderación de los hechos del caso, que no pueden sino ser enfocados a la luz de la normativa de protección de usuarios y consumidores, que es -precisamente- aquella que desconoce, tanto a pequeña como a mayor escala; es decir: tanto respecto del deber puntual cuya transgresión se le endilgó en las actuaciones administrativas, como al formular un rechazo de plano de su aplicabilidad a su actividad”, concluyó la Cámara al confirmar la sanción pecuniaria.

“La fundación no ha cuestionado debidamente, sobre bases objetivas, verosímiles y serias, los fundamentos utilizados por la Administración para fundar la sanción bajo examen, limitándose a solicitar la revocación de la multa”, explicó.

Bajo esa premisa, reseñó que “en su tesis principal” explicó “distintos mecanismos virtuales por medio de los cuales habría proporcionado la información requerida por la norma, sin hacerse cargo en mínima medida de los fundamentos empleados por la Dirección Nacional de Comercio Interior para imponer la sanción”.

“No se hace cargo de la real entidad, alcance y sentido del cargo que se le formula, en punto a su responsabilidad infraccional”, ponderó finalmente el tribunal. [/privado]