Quiso sobornar a un agente de la Caminera pero fue sobreseído por insignificancia del hecho

La instrucción demoró cinco años. La defensa pidió la extinción de la acción penal siguiendo el criterio de oportunidad. La causa había sido elevada a juicio

La Cámara 10ª en lo Criminal y Correccional de Córdoba sobreseyó a un ciudadano cordobés que llegó a juicio acusado de intentar sobornar a un agente de la Policía Caminera para impedir que le librase una multa en el marco de un control policial. [privado]

En este caso particular, el tribunal unipersonal -integrado por José Rojas Moresi- declaró extinguida la acción penal, al aplicar el principio de disponibilidad de la acción penal siguiendo el criterio de oportunidad (insignificancia). El planteo fue formulado por el abogado defensor del acusado, Rodrigo Lopez Tais y acogido por el Ministerio Público. Lo singular del fallo es que se admitió el recurso ya en la instancia de Cámara, por excepción a regla del artículo 13 bis y artículo 59 del Código Procesal Penal de Córdoba.

Cinco años

Según consta en la causa, a la que accedió Comercio y Justicia , el acusado Roberto Pintos estuvo privado de su libertad por un lapso de 72 horas y el sumario se elevó a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de Primera Nominación de la ciudad de Córdoba, el 4 de agosto de 2014. Pese a que la causa no presentaba complejidad, estuvo paralizada en la Fiscalía durante cinco años, hasta el 29 de marzo de 2019, fecha en que el Fiscal de Instrucción retomó el impulso procesal y solicitó el informe de antecedentes del imputado y el 3 de abril de ese año sin agregar otros elementos probatorios, dictó el requerimiento de elevación de la causa a juicio.

En su presentación, la defensa destacó: “Se ha sometido al ciudadano Roberto Alejandro Pintos por tiempo indefinido a la incertidumbre que significa permanecer sujeto a proceso penal, violando así su derecho a ser juzgado en un plazo razonable”. Al respecto, citó jurisprudencia nacional e internacional (Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, jurisprudencia de CSJN), entre otros.

Al dictaminar, la Fiscalía consideró: “En razón de la aplicación estricta del CPP no podría en el presente caso prosperar la aplicación de la disponibilidad de la acción penal por el carácter insignificante del hecho, por haber precluido la oportunidad procesal para hacerlo”.

No obstante, aclaró que “la propia ley contempla un supuesto -el de la disponibilidad por conciliación entre las partes- en el que la cuestión puede plantearse, hasta cinco días después de vencido el término para ofrecer prueba, en consecuencia propuso la aplicación analógica in bonam partem de esta última posibilidad, pues considera que la misma no se encuentra vedada por los principios generales del Derecho y la más razonable solución del presente conflicto social”.

Siguiendo este razonamiento, el Ministerio Público Fiscal consideró que el planteo de la defensa es “tempestivo, por la aplicación analógica favorable al acusado” y, concluyó, que “en razón del principio de proporcionalidad, no estima razonable concebir, respecto de Pintos, otras alternativas, como la imposición de una pena de ejecución condicional o la suspensión del juicio a prueba”.

Agregó, que en el marco de la causa en análisis, no había “razones de seguridad e interés público que ameriten sostener en esta instancia el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal” y valoró que el acusado no tenía antecedentes penales.

Así las cosas, por las características del hecho y razones de política criminal, la fiscalía se pronunció a favor de “admitir la causal extintiva propuesta por el Dr. López Tais”.

Los argumentos fueron recogidos por la Cámara 10ª, que declaró extinguida la acción penal en contra de Pintos, imputado por el delito de “cohecho activo” bajo el concepto de “insignificancia o bagatela prevista en el art. 13 bis inc. 1 del CPP”. [/privado]