Quien obligó a que se iniciara el juicio debe cargar con las costas

Al advertir que la relación jurídica existente entre ambas partes imponían una carga o deber de contestar la carta documento, en la cual se proponía una división del condominio y no guardar silencio, la Cámara 7ª Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba revocó la sentencia de primera instancia que ordenaba que las costas sean por el orden causado y se las impuso al demandando, ya que -pese a su allanamiento con su actuar extrajudicial previo obligó al actor a iniciar el juicio de división. [privado] El tribunal integrado por los vocales Walter Simes, María Rosa Molina de Caminal y Jorge Miguel Flores, al analizar la apelación presentada por el actor, indicó que la regla que determina el régimen de la distribución de costas en las acciones de división de condominio, es un principio que difiere, sustancialmente, del principio general del ordenamiento procesal, que se funda en el criterio del vencimiento objetivo. Se agregó que en esta materia, es doctrina plasmada en la jurisprudencia que las actuaciones donde la intervención judicial no es indispensable y en las que, cuando ella se reclama, no existe por lo común tema contencioso ni tela de juicio, la regla general, es que, en principio, las costas han de soportarse en el orden causado, pues se trata de gastos derivados del ejercicio de un derecho indiscutible, de lo contrario, el reclamante debe demostrar que su parte no pudo alcanzar un acuerdo privado con resultado efectivo. Sobre estas bases, el tribunal estimó “justificado el agravio traído por la parte actora” compartiendo “su crítica en cuanto denuncia la errada interpretación del magistrado con relación a la Carta Documento y sobre el efecto que -a su criterio- corresponde otorgar a la falta de respuesta de Silvia Isabel Robinson a la comunicación y propuesta de división de condominio efectuada por Luis Miguel Mostaza”. El fallo advirtió que “la demandada lejos de responder a la comunicación y ofrecimiento, no efectuó contrapropuesta alguna que hubiera permitido la aceptación o rechazo del demandante; por el contrario, su silencio y su actitud de no ofrecer alternativa para lograr la división (negando luego -en juicio- toda la documentación traída por la parte actora obligándola a producir prueba sobre la autenticidad de la intimación extrajudicial, supone una tácita oposición a la propuesta de arreglo extrajudicial para la división; con ello, la necesidad del condómino Luis Miguel Mostaza de reclamar la intervención judicial para lograrla”. Asimismo, la Cámara sostuvo que era cierto -como se afirma en la contestación de agravios- que el silencio opuesto a actos o a una interrogación no puede, en principio, ser considerado como una declaración de voluntad; pues nadie tiene derecho, sino quiero, de obligar a una contradicción positiva. “Sin embargo, en ocasiones se ha observado una ampliación a esta rígida interpretación del texto legal que reconoce al silencio o las actitudes omisas como manifestación de la voluntad, cuando el que calla puede y debe hablar conforme las exigencias de la ley, los usos y prácticas de rigor o las relaciones anteriores de las partes”, dijo el fallo En tal sentido, se indicó que esta excepción deviene aplicable en el caso, si se tiene en cuenta que la comunicación y propuesta efectuada por el accionante constituía el ejercicio del derecho del condómino de pedir, en cualquier tiempo, la partición de la cosa, advirtiéndose que la carta documento “no sólo contenía una propuesta de división (mediante el ofrecimiento de compra), sino que exteriorizaba la firme e irrevocable manifestación de voluntad de la parte actora en poner fin al condominio que vinculaba a las partes, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales”. Buena fe Paralelamente, los magistrados sostuvieron que “siendo que la buena fe no tolera que nadie se atrinchere detrás de un silencio cuando el que calla puede y debe hablar (en virtud de la situación y relación jurídica que lo vincula con otro), es claro entonces que el silencio y pasividad en este caso tiene un significado y un efecto conocido de antemano por la demandada”, derivando que la interpretación que efectúa el sentenciante importa premiar la actitud reticente de la demandada que obligó a Mostaza “a la vía jurisdiccional con todo lo que ello apareja”. Finalmente, la alzada aclaró que el allanamiento posterior a la demanda por sí sólo no conduce a la eximición de costas; una cosa es el allanamiento como figura jurídica y otra, diferente, la obligada consecuencia de cargar con las costas cuando dicha actitud carece del presupuesto relacionado con la conducta anterior de la parte, dicho en otras palabras, el allanamiento no puede llevar a la eximición de costas cuando la parte demandada resultó responsable por su reticencia a la reclamación judicial. Autos: "MOSTAZA, LUIS MIGUEL C/ ROBINSON, SILVIA ISABEL - DIVISIÓN DE CONDOMINIO - CUERPO DE COPIAS - EXPTE 7781545" [/privado]

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