El juez Torres dictó la medida que involucra a Angelina Abbona, por peculado de servicios. Para el magistrado, actuó como una letrada particular y no como defensora de los intereses del Estado
El juez Sergio Torres procesó a la ex procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, por el delito de peculado de servicios.
Además, le trabó un embargo por $200.000.
La causa comenzó a raíz de la denuncia que presentó el fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes en contra de la ex funcionaria, por no haber impulsado la investigación en la causa por encubrimiento que inició Alberto Nisman en contra de Cristina Fernández de Kirchner.
Concretamente, le adjudicó haber usado recursos del Estado para defender a los acusados por Nisman.
El fallecido fiscal había presentado un escrito ante la procuradora que fue desestimado por inexistencia del delito.
El 13 de febrero de 2015 la Procuración presentó un escrito ante el juez Daniel Rafecas, quien por entonces estaba a cargo de la denuncia que había hecho un mes antes Nisman por el presunto delito de encubrimiento del atentado a la AMIA, reclamando que se desestimara lo expuesto por el fiscal por inexistencia de delito.
La denuncia de Moldes le tocó al juez Sebastián Casanello, quien a pesar del impulso que le dio el fiscal Ramiro González cerró el expediente.
Esa decisión fue apelada y la Sala II de la Cámara Federal ordenó la reapertura de la causa y apartó a Casanello.
La causa quedó en manos de Torres, quien indagó a Abbona y a quienes eran los subprocuradores del Tesoro en 2015, Javier Pargament y Horacio Pedro Diez.
El juez consideró que Abbona cometió delito y que Diez y Pargament, quienes lo suscribieron como patrocinantes de la por entonces jefa de los abogados del Estado nacional, debían ser desvinculados de la causa.
Según testimonios recabados por Torres, en la presentación no intervino el área de Asuntos Judiciales de la Procuración del Tesoro y el escrito se realizó sin un pedido de colaboración del juzgado como -según los testigos- se hace en general.
Al dictar el procesamiento de Abbona, Torres señaló que quedó evidenciado que las circunstancias que rodearon el trámite interno ante la Procuración Nacional del Tesoro -o, más precisamente, la falta de éste con relación a la elaboración del escrito aportado en la causa, así como el momento en que se efectuó la presentación y, en especial, los términos en los que se hizo- tuvo por único objeto llevar adelante una defensa directa de las personas que fueran denunciadas en ese legajo.
“Si se presta atención a los términos, los análisis y argumentaciones que hizo la imputada, y si no se tuviera el conocimiento de que fue la procuradora del Tesoro de la Nación quien lo efectuó -supuestamente, en representación del Estado- uno pensaría que el libelo fue una presentación efectuada por un letrado defensor de uno de los denunciados”, abundó el magisrado.
Torres también remarcó que “no existió un trámite interno formal dentro de la Procuración, ni la intervención del área jurídica del organismo”. Además, sostuvo que la ex procuradora debió defender “los intereses del Estado Nacional” y advirtió que, en todo caso, las personas denunciadas por Nisman debieron recurrir a defensores particulares en caso de considerarlo necesario.
Complicaciones
Abbona suma complicaciones en la Justicia. Cabe recordar que está siendo investigada por borrar decenas de mails y documentos enviados por el estudio de abogados contratado por el Gobierno argentino en Nueva York, vinculados a cuentas de Lázaro Báez en el exterior.
Hasta hace poco Abbona se desempeñaba como fiscal de Estado del gobierno de Alicia Kirchner, en Santa Cruz, pero renunció y se jubiló.
