Que se siga investigando

En una denuncia penal que cuestiona la obstrucción de una calle pública por parte de un complejo urbanístico, el tribunal ordenó seguir la investigación al no haber prueba suficiente como para archivar la causa

La Cámara Criminal, Correccional y de Acusación, Sala 2, de Villa María, admitió la apelación presentada por la Municipalidad de Villa del Dique y revocó la resolución que ordenaba el archivo de las actuaciones presentadas en contra del titular de una empresa constructora, dictaminando que continúen las investigaciones tendientes a demostrar si se configuró la tipicidad del artículo 192 del Código Penal (CP), relativo a la obstrucción de la circulación del transporte, al encontrarse una calle obstaculizada con montículo de tierra y piedras.

El tribunal revisó lo actuado por la jueza de Control de Río Tercero, quien resolvió confirmar el archivo de esas actuaciones.

Los vocales Edith Lezama de Pereyra, Ercilia Eve Flores de Aiuto y F élix Martínez indicaron que la prueba reunida hasta el momento es suficiente para sospechar la comisión del delito previsto por el artículo 194, CP, mas no el único, por lo que consideraron que la investigación debe continuar y profundizarse.

Figura

En esa dirección, el fallo sostuvo que tanto el fiscal de Instrucción como la jueza de Control consideraron que la figura en la podría encuadrar la conducta denunciada era la prevista en el artículo citado, que prescribe que quien, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.

Se explicó que mediante este tipo penal se tutela el desenvolvimiento de la circulación del transporte por vías públicas, la eficiencia de éste o del servicio público de comunicación; en particular se protege la regularidad y eficiencia de los servicios públicos y, para el caso del transporte, esa tutela apunta a la circulación normal de éste por las vías que correspondan, debiendo definirse si la vía que se denuncia como obstruida, es pública.

Asimismo, la cámara consideró que dicha tarea dista de lo mencionado por la jueza de Control en cuanto a que ella no era competente para declarar la publicidad del camino ni tampoco si el emprendimiento urbanístico cumplió o no con las normas administrativas necesarias para iniciar sus tareas, como lo analizó el fiscal y lo entendió también aquélla al indicar que el tribunal de control no resulta competente “para dirimir si la parte denunciada se ha ajustado o no al cumplimiento o acatamiento de normas, pautas y procedimiento de loteo que ahondan la órbita de la administración”.

Tarea

Para los camaristas, la tarea no era atribuir carácter público o privado a un camino o calle sino establecer el significado abstracto de la ley, que es la que determina cuándo un camino o calle es de dominio público, y luego trasladar dicho concepto al caso concreto bajo estudio para así poder dilucidar qué carácter reviste la calle cuya obstrucción se denuncia.

En virtud de todo lo dicho, el fallo entendió que la conclusión a la que arribó la jueza de Control no se corresponde con las constancias agregadas hasta el momento, por lo que el resto de la resolución que fue basada en esta primera premisa (camino privado) resulta también errónea.

Respecto del resto de las críticas efectuadas por el querellante y lo manifestado por el fiscal de Cámara en su dictamen, mencionó que si se entiende que el carácter de la calle De los Navegantes es público, restaría preguntarse si se verifica prima facie el resto de los elementos de la figura penal del artículo 194 o de algún otro delito.

A su vez, el pronunciamiento indicó que la obstrucción de la vía en cuestión resulta probable a partir de la existencia de dos tranqueras en la avenida de Los Navegantes, la cual se encuentra bloqueada con piedras y montículos de tierra.

Dictamen

Por ello, y en coincidencia con el dictamen del fiscal de Cámara, se concluyó que la presente investigación debe continuar, correspondiendo efectuar un análisis más amplio y extenso de toda la situación denunciada, e indagar, además del delito ya mencionado, otras posibles irregularidades que podrían surgir en relación con la presentación y aprobación de planos, tanto por la repartición provincial Dirección General de Catastro (DGC) como por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa del Dique. Además, sostuvo que corresponde también investigar cuáles son los antecedentes y planos de origen con base en los cuales la DGC aprobó el plano de mensura y subdivisión en el año 2018.

En consecuencia, en el fallo se resolvió que corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el representante del querellante particular, Joaquín Varela Sosa, y revocar el Auto Nº 123 de fecha 28/6/2022, dictado por la jueza de Control de la ciudad de Río Tercero, en todo cuanto fue motivo de agravio.

Autos: “Denuncia formulada por Ricardo Mario Scoles en contra de la empresa Generadora de Negocios Inmobiliarios (GNI) Elvio Lenti - APELACIÓN” (Expte. Nº 10414447)