Prueban e indemnizan vicios de construcción en un departamento

El tribunal entendió que fue acreditado el origen y la fecha de los daños causados por la humedad, al existir en el inmueble desperfectos considerados ocultos [privado]

Al entender que los daños causados por la humedad en un departamento se enmarcan en los denominados vicios ocultos, previstos en el Código Civil y Comercial (CCyC), la Cámara 7ª Civil y Comercial de Córdoba admitió la apelación presentada por la parte actora y condenó a la demandada, Ayres de Altura SRL, por los daños y perjuicios producidos que produjo el defecto constructivo.

En primera instancia se rechazó la demanda resarcitoria, motivando la apelación de la demandante.

El reclamo inicial de la actora se fundó en la responsabilidad contractual de la demandada respecto del boleto de compraventa de un departamento en el edificio Torre Morena XV.

La accionante manifestó que el inmueble tenía vicios ocultos, consistentes en defectos de construcción que causaron problemas de humedad en la propiedad, situación que le habría ocasionado menoscabos patrimoniales, que detalló en daño emergente ($18.800) y lucro cesante ($25.400).

Sin embargo, el juez de grado desestimó el reclamo por entender que no se había probado el incumplimiento contractual de la demandada ni su conexión con algún daño resarcible.

Al analizar la apelación de la demandante, la cámara integrada por los vocales Rubén Atilio Remigio, María Rosa Molina de Caminal y Jorge Miguel Flores señaló que la accionada indicó que los deterioros habían sido producidos por acontecimientos climáticos y no por defectos constructivos del inmueble y que habían surgido con posterioridad a la entrega del departamento al adquirente, lo que supone reconocer que aquéllos existieron en la época señalada en la demanda.

Los desperfectos comprobados engastan en la definición de vicios ocultos que elabora el artículo 1051, inciso b) CCyC, lo que “dispara la responsabilidad por saneamiento prescripta en los arts. 1033 y ss. CCC, y faculta a la contratante afectada a reclamar la indemnización de los daños y perjuicios derivada de los vicios (art. 1040 CCC)”.

La alzada advirtió que las probanzas aportadas demuestran los problemas en la fecha referida, reforzando la convicción de la existencia de los vicios apuntados y remarcó la objetividad de un testigo al reconocer su firma en un presupuesto y que, al reconocer que efectuó trabajos de reparación acreditados documentalmente con la factura que emitió y daban cuenta de los desperfectos debatidos en la causa.

Rescisión

El tribunal sumó a ello la rescisión contractual firmada entre la locadora (demandante) y los inquilinos que ocupaban el inmueble afectado, dejando en claro que la finalización del vínculo obedecía exclusivamente a los problemas de humedad acaecidos a poco tiempo de iniciarse la locación, que habían tornado inhabitable el inmueble.

Respecto del origen del problema, la cámara reparó en lo señalado por el perito oficial ingeniero, quien entendió que fue claro el dictamen pericial en atribuir la causa de los problemas de la propiedad a defectos constructivos del inmueble; concretamente, a la mala ejecución de los revoques externos de las paredes del edificio, que presentaban fisuras y permitían la filtración de humedad hacia el interior.

El fallo resaltó que el idóneo constató la existencia de reparaciones superficiales (sellado de fisuras en el revoque) en el exterior del edificio, que resolvían provisoriamente el problema del filtrado de humedad hacia el interior, pero recalcó la necesidad de una rectificación general de los revoques externos, incluyendo una cobertura hídrica más efectiva.

Conclusión

Así las cosas, los jueces concluyeron que los desperfectos comprobados engastan en la definición de vicios ocultos que elabora el artículo 1051, inciso b) CCyC, lo que “dispara la responsabilidad por saneamiento prescripta en los arts. 1033 y ss. CCC, y faculta a la contratante afectada a reclamar la indemnización de los daños y perjuicios derivada de los vicios (art. 1040 CCC)”.

Por ello, el tribunal dispuso que para establecer la procedencia de la pretensión resarcitoria, restaba dilucidar si los daños que se denuncian fueron probados, lo que se demostró acredditado y tras lo cual en el fallo se resolvió “hacer lugar a la demanda resarcitoria, y ordenar a la accionada Ayres de Altura SRL a que abone a la Sra. Marcela Iris Carrizo, en el plazo de diez días, la suma de $39.200 (que se compone de $13.800 en concepto de daño emergente y de $25.400 de lucro cesante) con más los intereses”.