Provincia no paga intereses por demora del martillero

El Estado había depositado los estipendios del letrado en tiempo y forma, pero un incidente promovido por el rematador de la causa impidió que el aquel profesional efectivizara su crédito. [privado] Si bien el letrado beneficiario de los honorarios regulados recién pudo percibirlos una vez pasados más de dos años, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revocó la resolución que ordenaba a la Provincia de Córdoba –condenada en costas en el pleito- abonar los intereses devengados durante dicho término, tras verificar que el Estado provincial ya había depositado tempestivamente el monto correspondiente a los estipendios y la culpa de que no hayan podido ser cobrados por el profesional debe atribuirse al martillero actuante en el proceso, que no prestó conformidad con el cobro del abogado porque entendía que aún estaba pendiente su comisión -lo cual fue desestimado a la postre-. El abogado Guillermo Torres Aliaga pidió se gire orden de pago a su favor por los 906 mil pesos que le depositó la Provincia, pero luego sostuvo que en dicha suma depositada no estaban agregados los intereses, por lo que se abstuvo de retirarla, aduciendo que no estaba “obligado a recibir pagos parciales”. En el interín, el martillero Aráoz (el fallo no consigna su nombre de pila) solicitó no se abonen los importes depositados hasta tanto se resuelva el incidente donde reclamó “doble comisión”, el cual, una vez rechazado, motivó que en primera y segunda instancia los respectivos tribunales intervinientes ordenaran que el Estado provincial pague los intereses a Torres Aliaga por el tiempo que duró la incidencia del rematador. La Procuración del Tesoro interpuso casación y el TSJ, integrado por Armando Segundo Andruet (h), Carlos Francisco García Allocco y Domingo Juan Sesín, le dio la razón, disponiendo que no pueden cargarse intereses a la Provincia por el lapso en que el pago se demoró por culpa del martillero. En sus fundamentos, el máximo tribunal local fundó la repulsa a la pretensión de Torres Aliaga en que la “desmesurada demora en el cobro de las sumas depositadas no puede –en modo alguno- ser imputada al ‘solvens’, sino sólo a quien la produjo sin razón”, en este caso: al rematador incidentista. En igual sentido, el Alto Cuerpo puso en relieve que, “mal que le pese al ejecutante, la requerida orden no fue expedida, por razones ajenas a la Provincia”, que había depositado sus honorarios dos años antes. Por otra parte, el pronunciamiento dejó en claro que tampoco resultó justificada la negativa del abogado acreedor a retirar fondos porque sólo cancelaban parcialmente la deuda, en tanto “la regla de los artículos 742 y 673 del Código Civil, según las cuales el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, no rige en juicio” y, “si existen fondos depositados en favor del actor, desde el momento que este tomó o debió tomar conocimiento de que están a su disposición, los intereses siguen corriendo solamente sobre el saldo restante”. Autos: Coop. Río III c/ Sup. Gob. Provincia

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