Proponen modificar el CPPN para agilizar la restitución de propiedades usurpadas

El proyecto prevé que se efectúe en cualquier estado del proceso, aun sin dictado de auto de procesamiento o de remisión a juicio, con la salvedad de que el derecho invocado por el damnificado fuere verosímil

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) con el fin de, según expusieron, posibilitar el inmediato reintegro de propiedades ocupadas ilegalmente, así como poner límite a usurpaciones de inmuebles privados y públicos.

La iniciativa prevé la restitución del terreno o inmueble en cualquier estado del proceso y aun sin dictado de auto de procesamiento o de remisión a juicio, con la salvedad de que el derecho invocado por el damnificado sea verosímil.

“Proponemos herramientas concretas que coadyuven en el proceso judicial, pero también interpelamos a todos los niveles del Estado a trabajar para que esta situación no se siga replicando: Nación, provincias y sobre todo los municipios deben tener como eje evitar usurpaciones”, destacó Juan Martín (UCR-Santa Fe), autor del proyecto, que acompañan -entre otros- sus pares de Juntos por el Cambio Mario Negri, Gerardo Milman y Soledad Carrizo.

Martín fundamentó que el accionar constante y deliberado contra la propiedad privada individual requiere la elaboración de instrumentos procesales ágiles para “garantizar una justicia temprana que repare el accionar de los usurpadores con el restablecimiento inmediato del derecho de posesión y tenencia del bien apropiado, desalentando de esta forma las tomas ilegales”.

En tanto, expuso que “el déficit habitacional real y objetivo” no puede ser resuelto “a expensas de los derechos de otros habitantes”, como el de propiedad privada, también garantizado por la Constitución.

En ese sentido, planteó que la solución de esa carencia es competencia de áreas y organismos específicos del Estado.

“En última instancia, la ausencia o ineficacia de políticas públicas para resolver el déficit habitacional no habilita a los particulares a que tomen por vías de hecho la propiedad inmueble estatal o de terceros”, advirtió el santafesino.

Bajo esa premisa, manifestó que es “paradójico” que titulares registrales de inmuebles deban emprender un litigio de desalojo contra los ocupantes ilegales y someterse a acciones dilatorias y “a tiempos de un juicio ordinario para recuperar algo que les es propio y cuya titularidad surge de manera evidente de la documentación que acredita su propiedad”.

En tanto, precisó que el número de denuncias por ocupación de inmuebles en todo el país creció particularmente en los últimos años y denunció que no hay respuestas eficientes de las autoridades quienes, según juzgó, “por momentos consienten y apañan” los delitos bajo análisis.

“Nada justifica que se usurpen terrenos ni inmuebles, se trate de terrenos privados o propiedad del Estado. La forma de exigir el cumplimiento del ejercicio del derecho a la vivienda no puede ser por mano propia sino por una política gubernamental que la reglamente equitativamente, considerando todos las prerrogativas e intereses en juego”, concluyó el radical.