Teniendo en cuenta la pesquisa en curso por el denominado “Vacunatorio VIP”, el caso conocido como “Olivos-Gate” (la fiesta de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez, en Olivos, en 2020, en plena vigencia del aislamiento obligatorio) y las últimas revelaciones en torno a lo acontecido durante la cuarentena con visitas a pacientes positivos para covid que se habrían habilitado a criterio de funcionarios nacionales, la diputada Graciela Ocaña (PRO) presentó un proyecto para crear una Comisión Investigadora sobre la gestión de la administración de Alberto Fernández durante la crisis sanitaria.
Según la propuesta, la pesquisa comprenderá lo ocurrido entre febrero del 2020 y junio de 2022.
“Es cada vez más claro que hubo privilegios y un trato desigual entre los amigos de poder y el resto de los ciudadanos que son inadmisibles en cualquier democracia sería”, expresó Ocaña en sus redes sociales.
Cabe recordar que la titular de la Liga Argentina de Protección al Diabético, Sylvia Brunoldi, afirmó que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, la ayudó para ver a su marido afectado por el coronavirus antes de que muriera, en agosto de 2020, cuando regía una expresa prohibición para esa clase de prácticas.
La iniciativa de Ocaña -acompañada, entre otros, por los diputados Sabrina Ajmechet, Karina Banfi, Marcela Campagnoli, Pablo Torello y y Soher El Sukaria- estipula que la comisión tendrá como principal objetivo “analizar y verificar” presuntas irregularidades en las decisiones adoptadas “por todas las áreas del gabinete”.
Entre los fines específicos de la comisión figuran: “escrutar la legalidad de todas las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional”; analizar todos los procesos de compras y contrataciones llevados adelante, en todas las áreas, para hacer frente a las necesidades surgidas a raíz de la pandemia; estudiar los contratos suscriptos por la Argentina con los laboratorios productores de vacunas; verificar el cumplimiento de los objetivos de la campaña de inmunización y “evaluar toda otra circunstancia” que a criterio y consideración de sus integrantes “pudiera resultar relevante y conducente”.
En cuanto a la composición de la comisión, plantea que será de 30 diputados elegidos a propuesta de sus respectivos bloques.
Entre otras facultades, podrá recibir denuncias y declaraciones, hacer inspecciones, solicitar informes o documentación y denunciar ante la justicia “cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios”.
En tanto, detalla que tendrá un plazo de un año a contar desde su constitución para la producción de sus informes, dictámenes y conclusiones y precisa que una vez transcurrido, dentro de los 90 días corridos, deberá elevar un informe final a la Cámara Baja “detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos”.
Sobre las declaraciones de la titular de la Liga Argentina de Protección al Diabético, Brunoldi, Vizzotti justificó alegando que “a la señora se le murió el marido”.
La funcionaria evitó profundizar sobre ese caso puntual: “No voy a hablar de las personas ni voy a hablar de instituciones porque no voy a entrar en eso de traer ese momento de dolor, personalizarlo y querer generar más”, dijo.
“El Estado acompañó a los familiares”, sumó, y arguyó que los protocolos se cambiaban “de manera dinámica”.