Se presentó un proyecto de ley que busca modificar el artículo 611 del nuevo Código Civil (CC), que prohíbe el otorgamiento de guardas directas incluso si hay vínculos afectivos comprobados judicialmente entre los guardadores y el menor.
La autora del texto, la senadora Nancy González (FpV), estimó que si bien la previsión del ordenamiento reformado es “correcta en líneas generales”, recientes pronunciamientos indican que “es demasiado rígida” y que debe flexibilizarse.
En ese sentido, valoró que la actual redacción representa “un avasallamiento al interés superior del niño”, en algunos casos.
Fallo local
Uno de los fallos a los que se refirió la legisladora lo dictó a principios de mes la jueza con competencia en Familia de Río Tercero, Romina Sánchez Torassa, quien le concedió la guarda con fines de adopción al matrimonio con el que cual la niña involucrada, de 10 años, vivió desde su nacimiento.
Con el fin de no alterar la situación actual de equilibrio psíquico y emocional de la infante, la magistrada no aplicó el artículo 611 del CC.
“La existencia, en los hechos, de un verdadero vínculo entre la niña y los solicitantes, que se ha consolidado a lo largo de todo este tiempo, con el consentimiento de la progenitora, impone una solución contraria”, enfatizó.
Sánchez Torassa resaltó que cuando la mujer dejó a la pequeña bajo el cuidado de los solicitantes el mecanismo no estaba prohibido, razón por la cual se creó una expectativa en la creación de un vínculo legal.
La sentenciante tuvo especialmente en cuenta que la niña nació como fruto de una relación ocasional y que se desconoce la identidad del padre. Además, aclaró que su familia extensa por parte de madre no manifestó ningún interés por ella.
Así, al recordar que la menor está con sus pretensos adoptantes desde que tenía horas de nacida, concluyó que separarla de ellos implicaría una modificación sustancial en su vida.
Interés superior
“En el caso concreto, el interés superior de la niña exige mantener la situación, a los fines de resguardar su bienestar y equilibrio psicofísico, ya que todo ser humano necesita desde su nacimiento de una familia”, expresó.
A lo largo del proceso, la jueza escuchó a la pequeña (como mandan los tratados internacionales) y consideró necesario declarar judicialmente la situación de adoptabilidad, para darles seguridad jurídica y estabilidad a todos los involucrados, manifestando que el lapso de 10 años fue suficiente para que se consolidaran “con creces” los vínculos.
En su sentencia, Sánchez Torassa destacó que, de acuerdo con los informes que constaban en la causa, el matrimonio organizó su vida con relación a las necesidades de la nena y que se trata de una pareja unida por varios años, sin hijos propios y con intentos fallidos para concebir, por lo que estaban dispuestos a incluir a niños que necesiten un hogar.
Al mismo tiempo, precisó que le contaron a la nena cuál es su historia y que se manifestaron a favor de que pueda visitar a su mamá biológica si así lo quisiera, algo clave para su derecho a la identidad.
En definitiva, concluyó que se cumplió lo previsto por el CC a efectos del otorgamiento de la guarda con fines de adopción, y detalló que la situación se encuadra en la excepción fijada por la ley provincial 8922, que permite el apartamiento del orden de prelación del Registro Único de Adoptantes en atención al interés superior del niño en cuestión.
Por lo tanto, en virtud del tiempo transcurrido y de los datos recabados, entendió que media “un entramado afectivo” que permitía inferir que los solicitantes pueden ser adoptantes.
