ESCUCHAR“No podemos permitir que el gobierno privilegie a los presos en vez de a la educación”.
Bajo esa premisa, el senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Blanco presentó un proyecto para que se declare el rechazo a la resolución 2183/21, mediante la cual el Gobierno nacional oficializó una inversión de 1.000 millones de pesos para mejorar la conectividad de las unidades del Sistema Penitenciario Federal.
“Esta resolución tomada por el gobierno es una continuidad de sus políticas en extremo garantistas que no han hecho más que favorecer el desarrollo y la expansión de las actividades delictivas”, afirmó el legislador.
Para el vicepresidente del bloque UCR en la Cámara Alta, pese a que las cárceles no cumplen con lo establecido por la Constitución Nacional, que en su artículo 18 establece que “serán sanas y limpias” y “para seguridad y no para castigo”, la Administración de Alberto Fernández no hizo nada para acatar la manda.
“Hay miles de presos que necesitan mejoras en lo que hace al acceso a posibilidades de estudio para su superación personal, pero debe encontrarse un camino más controlado para favorecerlos. En un país donde más de un millón de chicos abandonaron la escuela por falta de conectividad durante la cuarentena eterna a la que el gobierno obligó, ahora resulta que se privilegian las cárceles en vez de a la educación”, finalizó el senador radical.
El 3 de enero, cuando trascendió el plan del Gobierno y el monto que destinaría para concertarlo, la jefa del PRO, Patricia Bullrich, lo fustigó en Twitter. “Alrededor de 1,5 millones de chicos abandonaron las clases en pandemia por la nula conectividad, pero el gobierno destina 1.000 millones para garantizársela a los presos que delinquen desde la cárcel. Presidente: ¡atienda las prioridades y deje de tomarnos el pelo!”, escribió la ex ministra de Seguridad en su cuenta oficial.
Otros dirigentes, políticos y ex funcionarios criticaron la medida; entre ellos, el diputado nacional Fernando Iglesias, quien se limitó a postear una captura de pantalla que reflejaba la noticia con la leyenda “la locura es total”.
En tanto, la ONG Usina de Justicia, encabezada por la filósofa Diana Cohen Agrest, madre de un joven asesinado durante un asalto en la ciudad de Buenos Aires hace poco más de una década, publicó: “Los familiares de víctimas mortales por la inseguridad no recibimos indemnización alguna. Hay quienes no tienen para pagar el cajón. Pero destinan mil millones para mejorar la conectividad”.
