Lo dispuso la Justicia porteña. La medida rige hasta tanto se acredite que cumplen los requisitos básicos de seguridad
La justicia porteña le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que prohíba la actividad de las empresas de delivery en bicicleta hasta que se establezca si las empresas cumplen las normas legales vigentes.
En su fallo, el titular del juzgado 2 en lo Contencioso-administrativo y Tributario, Andrés Gallardo, mandó al GCBA que “en forma inmediata” prohíba la actividad de las firmas Rappi Argentina, Kadabra (Glovo) y Pedidos Ya (mensajería y reparto de sustancias alimenticias), hasta tanto acrediten haber dado cumplimiento a los mínimos requisitos legales comprendidos en el capítulo 13 del Código de Tránsito y Transporte porteño.
Dispuso, además, que se diseñe y ejecute un plan de contingencia económica y social para todos los repartidores de las firmas involucradas que compense la reducción de sus ingresos hasta tanto se normalice la situación mediante el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
El magistrado señaló: “Como surge del relevamiento efectuado por la Policía de la Ciudad, el servicio de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias a domicilio llevado a cabo en la CABA por las firmas prestatarias se realiza en franca transgresión a la normativa vigente, y sin que se les exija al menos, dar cumplimiento a las normas básicas en materia de seguridad”.
Además, advirtió de que es necesario aplicar las medidas “coercitivas” necesarias para lograr que se dé cumplimiento “estricto y sin demora” a las disposiciones contenidas en el código y en su decreto reglamentario, al menos en lo atinente a utilización de casco, luces reglamentarias y, en caso de llevar caja portaobjetos, que la misma se encuentre asegurada al vehículo. Así también como la existencia de seguro y de libreta sanitaria en caso de transporte de sustancias alimenticias.
Con respecto a los trabajadores, el magistrado sostuvo: “Cualquier medida que se adopte resentirá el ingreso que perciben los trabajadores de mensajería. Situación que golpeará de lleno en un colectivo que ya padece situación de vulnerabilidad e informalidad y que no tiene responsabilidad alguna por el desmanejo operado en el área hasta el presente”.
A requerimiento del juzgado, la Policía de la Ciudad realizó un relevamiento de más de 400 ciclorodados y el análisis estableció que 77 por ciento de los conductores circulaba con el portaobjetos cargado en su espalda, en tanto 70 por ciento desempeñaba tareas sin seguro alguno. Por último, 67 por ciento circulaba sin casco.
A su vez, el ministerio de Salud porteño sumó información al expediente y destacó que, según estadísticas del sistema público de salud de la ciudad de Buenos Aires, en el lapso de un mes se atendieron 25 víctimas de accidentes en la vía pública mientras desempeñaban su tarea de delivery.
Por último, Gallardo ordenó al Ejecutivo comunal que asuma la responsabilidad que le cabe al haber permitido un “grave cuadro” y que mitigue los efectos económicos y sociales que “necesariamente” deriven de lo resuelto en su fallo.