Procesaron por lavado de dinero al abogado cordobés vinculado a Lázaro Báez

El abogado ítalo-argentino Néstor Ramos quedó procesado como presunto coautor del lavado de U$D 55 millones del empresario Lázaro Báez, ex socio de la familia Kirchner.
La medida la dictó el juez Sebastián Casanello.
Ramos, cordobés, fue fundador y presidente de Helvetic Services Group, la firma suiza que usó Báez para quedarse con la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, en donde se lavaron, al menos, USD 55 millones.
Por estas maniobras ya fueron condenado Báez, sus hijos y su entorno.
SGI era de Federico Elaskar, quien admitió en una entrevista con el periodista Jorge Lanata haber ayudado Báez a fugar millones de dólares al exterior.
En el marco de la causa conocida como la “ruta del dinero K”, Baéz fue condenado a finales de febrero a 12 años de prisión, por lavado de activos agravado.
El 26 de abril último, el Tribunal Oral Federal Número 4 dio a conocer los fundamentos del escrito en el que los jueces Néstor Costabel, Adriana Palliotti, por mayoría, ratificaron que la fortuna que amasó el patagónico provenía de los contratos de obra pública, que se investigan en la causa conocida como “Vialidad”, donde Báez está siendo enjuiciado junto la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Asimismo, tuvieron en cuenta los expedientes por evasión donde el empresario también está siendo investigado.
En su fallo, Casanello indicó: “Se encuentra acreditado con los alcances propios de esta etapa procesal que Ramos intervino a través de sus sociedades controladas -Sambers Hantarex Spain SL, Wodson International SA y Helvetic Services Group SA- en el esquema de lavado de dinero orquestado por Lázarob Báez y sus colaboradores. De acuerdo a lo relatado, y también afirmado por el propio imputado, fue contactado por los servicios fiduciarios que ofrecía desde sus oficinas sitas en Lugano, Suiza”.
En esa línea, el magistrado explicó que, en particular, el aporte efectuado por Ramos consistió en figurar -a través de las sociedades “vehículos” que detentaba- como dueño aparente de los negocios e inversiones del Grupo Báez.
En palabras del juez, “su aparición funcionaba como una mera pantalla destinada a ocultar al verdadero dueño del dinero”. Y agregó: “En particular, Helvetic Services Group era una firma capaz de justificar con su solvencia las operaciones que desplegaba, aunque, como ha quedado acreditado, en el caso no operaba con fondos propios, sino con los que le proveía Báez, a través de las cuentas bancarias a nombre de empresas off shore gestionadas por sus colaboradores”.
Desde 2016 pesaba sobre Ramos un pedido de captura con miras a su extradición. Como se comprobó que tiene una enfermedad terminal, Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán acordaron indagarlo vía remota.
Una vez que declaró, negó por escrito haber formado parte de una estructura ilícita destinada a lavar activos proveniente de la corrupción en Argentina.
Casanello lo contradijo y aclaró que el dinero que circuló en las cuentas en el exterior no estaba bajo la titularidad de las empresas del Grupo Báez -las que llevaban adelante la actividad constructora de obra pública, como proveedoras del Estado y generadoras de las ganancias propias de esa labor-, sino que los productos bancarios se encontraban a nombre de “sociedades de cartón panameñas” administradas por asesores de Báez y por quienes formaban parte de la financiera SGI, la cual no mantenía relación o vínculo alguno con el empresario. “El imputado quiere desligarse de su intervención aduciendo una actuación conforme el ordenamiento legal, cuando a todas luces se encuentra demostrado que su participación consistió en ocultar al verdadero dueño del dinero y brindarle apariencia de licitud -simulando la inversión de una empresa extranjera- a los fondos millonarios ingresados al país a favor de Austral Construcciones SA”, enfatizó.
Casanello embargó a Ramos por $36.587 millones y ordenó trabar embargos sobre los bienes de Helvetic (por más de $33.567 millones) y de la sociedad uruguaya Wodson International SA (por más de $9.609 millones), también controlada en su momento por Ramos y usada en el sistema de lavado utilizado por Báez y su círculo familiar y de negocios.