ESCUCHARAdemás, se le impuso un embargo por 10 millones de pesos. Se lo acusa de haber permitido ingresar ese tipo de aparatos al país sin pagar impuestos, durante 15 días
El juez federal Sebastián Casanello procesó al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Dispuso además un embargo sobre sus bienes por diez millones de pesos.
Según el juez, Echegaray fue el responsable de una resolución general de la AFIP mediante la cual se eximió del pago de impuestos -por el término de 15 días- a las importaciones de decodificadores de TV en un trámite promovido por la firma Telecentro SA.
Echegaray se interesó en el trámite, según Casanello, “en miras de un beneficio propio o de un tercero, dejando de lado el interés estatal”.
La denuncia que dio origen a esta causa la hizo la Oficina Anticorrupción. Entre las irregularidades que el juez consideró acreditadas estuvo el “extravío” del expediente iniciado por Telecentro, que debió reconstruirse.
Casanello advirtió de que esto sucedió después de una serie de opiniones adversas a la decisión que finalmente se tomó. “Lo expuesto no hace otra cosa que demostrar la intención de los funcionarios de AFIP de esconder el trámite dado a estas actuaciones ante el adverso giro en contra de sus pretensiones, dado que en ese contexto la modificación de la posición arancelaria de los decodificadores planteada no podía prosperar siendo que se habían agotado todas las vías administrativas posibles con respuesta negativa”.
La resolución por la que Echegaray fue procesado estuvo vigente sólo 15 días, la dejó sin efecto el 14 de septiembre de 2010 a raíz de los planteos efectuados por el secretario de Industria de Tierra del Fuego.
“Durante su período de vigencia -advirtió Casanello- se registraron veinte operaciones de ingreso de mercadería al país por un valor de 1.086.355,36 dólares. Telecentro SA ingresó aparatos por 846.663,44 dólares”.
También fueron procesados María Siomara Ayerán, ex directora General de la Dirección General de Aduanas (DGA), y Pedro Gustavo Roveda, ex subdirector General Técnico Legal Aduanero de la DGA.
