Se les enrostra tentativa de cohecho pasivo. Según la investigación, en 2009 le exigieron una importante suma al propietario de una curtiembre investigado por delitos ambientales, para que
la causa no prosperara
El Juzgado Federal Número 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, procesó a un ex fiscal y a tres abogados como autor y participes necesarios, respectivamente, del delito de cohecho pasivo en grado de tentativa.
Los cuatro habrían intentado cobrarle dinero al dueño de una curtiembre que era investigado por contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, para que la acusación en su contra no prosperara.
En abril 2009, uno de los dueños de la planta, ubicada en Lanús, denunció ante la Justicia de Quilmes que en 2008 -por orden de un tribunal de Lomas de Zamora- habían allanado las dos instalaciones de la empresa. Además, señaló que en la orden figuraba el nombre del ex agente y que durante el procedimiento una de las empleadas de la firma escuchó a los funcionarios policiales decir que les había pedido que fueran “despacito” y que “no se les ocurriera pedirles plata”.
El denunciante detalló que un mes después del allanamiento fue citado para ser indagado y sostuvo que fue entrevistado por el ex fiscal -a solas- y que le recomendó a un abogado que “era un fenómeno”, ya que conocía todas las “tramoyas” necesarias para neutralizar los pedidos que iban a presentarse.
Según el titular de la firma, luego del encuentro el letrado se comunicó con él y acordaron encontrarse en una estación de servicio, en donde firmó un poder para que lo representara.
Ambos hombres se mantuvieron en contacto telefónicamente y pactaron una nueva cita en el estudio, a la cual asistió su socio, quien le habría pedido U$S250.000 para “una protección de por vida y para limpiar la causa”.
El empresario narró que volvió a reunirse con el ex fiscal y que le recomendó a un nuevo abogado, quien “tenía contactos con mucha gente del Juzgado”, que el letrado lo llamó y le dijo que la suma que le solicitaron sus colegas se “podía rebajar a la mitad”.
Después de la denuncia, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, recibió el testimonio de una empleada de la empresa que estuvo en el allanamiento, y del damnificado, quienes describieron lo ocurrido. Así, en abril de 2009 ordenó la intervención de las comunicaciones de los sospechosos.
Posteriormente, la titular de la Fiscalía Federal de Quilmes, Silvia Cavallo, imputó al ex fiscal, a los tres abogados y a personal de la Delegación Sur de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, el 30 de abril el magistrado dejó sin efecto las escuchas telefónicas oportunamente ordenadas.
Las defensas plantearon la nulidad de las medidas de prueba ordenadas por Armella con posterioridad a la denuncia del empresario y antes de que la Fiscalía Federal de Quilmes formulara su requerimiento de instrucción.
Aquéllas y los actos derivados fueron declarados nulas en junio de 2012.
A su turno, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata declaró la incompetencia del Juzgado Federal de Quilmes y se la atribuyó a la Justicia Federal de Lomas de Zamora.
Como los jueces y el fiscal de la jurisdicción se excusaron, se designó al agente Guillermo Ferrara, de la Fiscalía Federal Número 2 de La Plata, para intervenir.
El instructor reclamó el procesamiento del ex fiscal y de los tres abogados por cohecho pasivo, señalando que no sólo se conocían y trataban en forma habitual sino que, en connivencia y en forma coordinada, ofrecieron un dictamen a favor del empresario “a cambio del pago de una suma de dinero”, cuyo monto fue variando.
Villena procesó a los encartados -sin prisión preventiva- y los embargó.
El ex fiscal fue cesanteado en el año 2011, luego del sumario administrativo que inició la Procuración General de la Nación.